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TC, Sala Segunda, 181/2015, de 7 de septiembre

SP/SENT/826154

Ponente: Adela Asua Batarrita.

Falta de diligencia del órgano judicial en su obligación de agotar los medios de averiguación del domicilio real del arrendatario para notificar, cuando constaba otro a estos efectos, además de un correo electrónico 
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ANTECEDENTES DE HECHO
del litigio y las pretensiones de amparo, el escrito comienza por advertir que la actuación procesal del Juzgado siguió escrupulosamente la pauta normativa del art. 155.3 LEC, teniendo en cuenta la motivación de la modificación operada en ese precepto por la Ley 19/2009, que no sería otra que la agilización y mejora de los procesos de desahucio. No obstante, a juicio del Fiscal, el examen de los argumentos de los demandantes, más la documentación obrante en las actuaciones, así como de la resolución judicial recurrida y de la jurisprudencia constitucional, permite concluir que se ha producido la vulneración del derecho a no padecer indefensión ex art. 24.1 CE. En este sentido, señala que la argumentación del Auto que denegó la nulidad de actuaciones, fijada estrictamente en la literalidad del art. 155.3 LEC, e ignorando lo prevenido en el art. 156 LEC, que converge con la constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este terreno, se antoja claramente formalista y enervadora de la necesidad de que un acto tan esencial de notificación como la comunicación de la admisión a trámite de un juicio verbal por desahucio en el que finalmente se acuerda proceder a tal desahucio y al posterior lanzamiento sin permitir formular las razones de oposición que legalmente están previstas, ya revela su horizonte de indefensión constitucional ex art. 24.1 CE. Además, el Juzgado ha ignorado la alternatividad de domicilios prevista en el reiterado art. 155.3 LEC, y en el Auto denegando la nulidad de actuaciones, pes
e a que se le había alegado, ignoró y ni siquiera dio respuesta a la alegación de la parte que insistía en que en la estipulación decimosegunda del contrato de arrendamiento se indicaba otro domicilio.Precisa el Fiscal que el derecho fundamental vulnerado no es ni el derecho al proceso con todas las garantías del que se habla en el encabezamiento de la demanda de amparo, cuya ubicación es el art. 24.2 CE, ni tampoc

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