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AP Segovia, Sec. 1.ª, de 9 de diciembre de 1992

SP/SENT/9997

Concurre el supuesto legal previsto en el art.68.2 de la L.A.U. por lo que la consecuencia juridica de la violación de la prohibición legal, que es el nacimiento de la facultad de recuperación por parte del inquilino, se ha producido, pero no implica una acción real que pueda afectar a los terceros adquirentes de buena fe. En consecuencia la violación de dicha prohibición implica una responsabilidad personal de quien incumple, que le obliga a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, como recuerda el párrafo 3 del citado art.68 de la L.A.U..En el caso actual la arrendadora incumplió dolosamente la obligación de no ceder a tercero durante tres años la vivienda que habia reclamado alegando su necesidad, e imposibilitó con la transmisión de propiedad el ejercicio de la facultad de recuperación de los inquilinos. El hecho de que no se llegó al desahucio judicial sino que los inquilinos transigieron,, no afecta para nada a la conservación del derecho de recuperación y a la indemnización de daños y perjuicios, pues los inquilinos transigieron precisamente por la afirmación aparentemente fundada de la necesidad de la arrendadora y no pueden resultar de peor condición quienes limitan el coste del proceso que quienes litigan hasta el final.

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