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AP Barcelona, Sec. 16.ª, de 15 de octubre de 2001

SP/SENT/32762

Recurso 1375/2000. Ponente: JORDI SEGUI PUNTAS.

No obliga a la Comunidad el acuerdo de petición de presupuestos que prevé nuevo acuerdo para su ejecución 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Antonio Mª. de Anzizu Furest en nombre y representación de D. GONZALO _____contra COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA FINCA DE LA CALLE _____DE BARCELONA, absuelvo al señalado demandado de las pretensiones contra el mismo formuladas con imposición de las costas a la parte actora."
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora y admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Superioridad, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día 9 de octubre de 2.001, con el resultado que obra en la precedente diligencia.
TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JORDI SEGUÍ PUNTAS.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El demandante Gonzalo _____ha expuesto en la vista del recurso las razones por las que, a su entender, debe ser acogida la pretensión (condena de hacer) promovida por el mismo contra la Comunidad de propietarios del inmueble que constituye su domicilio.
Sin embargo, revisadas las actuaciones no podemos sino compartir las acertadas argumentaciones empleadas por la juzgadora de instancia. Abundando en ellas, cabe poner de relieve que en la Junta de fecha 19 de junio de 1997 ciertamente se acordó la solicitud de presupuestos para acometer obras de reparación de humedades en cubierta y tabiques pluviales del edificio, pero cuidando los asistentes de advertir que, una vez recabados esos presupuestos, "se convocará nueva reunión al objeto de aprobar el que se considere pertinente". Es decir, de ningún modo se autorizaba a la presidenta para escoger el presupuesto que creyera más adecuado a la entidad de los trabajos. Por otro lado, son plausibles las cautelas que toma la Comunidad en las reuniones de octubre de 1998 y julio de 1999 en relación con las mencionadas obras de rehabilitación, puesto que se ignoraba a ciencia cierta cuál era el estado de conservación del inmueble, resultando por ello absolutamente lógico que la decisión unánime consistiera en encomendar previamente un estudio arquitectónico global antes de acometer una obras de rehabilitación de elevado coste, máxime cuando el propio administrador de la Comunidad dio cuenta a la misma de la aprobación de norma
s reglamentarias tendentes a facilitar la realización de aquellos peritajes arquitectónicos.Así pues, en modo alguno la Comunidad ha mostrado desde junio de 1997 en adelante en relación con los obras de constante referencia una conducta que pueda ser calificada de obstruccionista, negligente o simplemente pasiva, sino que por el contrario ha evidenciado un comportamiento razonablemente dirigi

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