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AP Cádiz, Ceuta, Sec. 6.ª, 107/2005, de 4 de julio

SP/AUTRJ/103974

Recurso 100/2005. Ponente: FERNANDO TESON MARTIN.

Análisis sobre la posibilidad de que el órgano penal dicte una orden de protección en la que únicamente se adopten medidas de carácter civil 
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La existencia de actos de violencia no conlleva la supresión automática del régimen de visitas a los hijos: debe existir riesgo para éstos y valorar otras medidas como lod "puntos de encuentro" 
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ANTECEDENTES DE HECHO
ÚNICO.- La presente causa tuvo entrada en esta Sección el día 21-06-05, procedentes del Juzgado de Instrucción n1 3 de esta Ciudad , para la sustanciación del recurso de apelación formulado por Bernardo , por lo que mediante providencia de dicha fecha, se ordenó pasar las actuaciones al Ponente para dictar la resolución oportuna.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se plantea el presente recurso de apelación contra el auto de 17 de mayo de 2005 en el que por el Juzgado de Instrucción nº 3 se dictaba "Orden de Protección a Víctima de Violencia Doméstica", en la que, sin adopción de medidas penales que no habían sido interesadas por las partes, se acordaban determinadas medidas civiles, atribuyendo, respecto de la hija menor, la patria potestad a ambos progenitores, y la custodia a la madre, debiendo el padre restituir a la menor, estableciéndose en concepto de pensión alimenticia que el progenitor que no tenga a la menor, deberá satisfacer al que la tenga la cantidad de 200 €, sin que hubiera lugar a pronunciamiento en relación al régimen de visitas, dada la temporalidad de la medida adoptada.
Contra la citada resolución se alza la representación del esposo, en cuyo escrito de recurso, después de describir los antecedentes del proceso civil de separación, en el que había sido anulada por esta Sección la sentencia en que se adoptaban las medidas reguladoras de la crisis matrimonial, señala que se ha producido una clara usurpación de las funciones que le corresponden al Juzgado de Primera Instancia que está conociendo del proceso civil, ya que, según el recurrente, el art. 544 Ter no habilita a dictar medidas civiles, cuando no se dictan medidas penales ya que ello requiere la existencia de una situación objetiva de riesgo para la víctima.

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