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AP Madrid, Sec. 26.ª, 867/2006, de 31 de octubre

SP/AUTRJ/103976

Ponente: MARTA PEREIRA PENEDO.

La competencia para la ejecución forzosa de la medida civil acordada en la orden de protección corresponde al Juzgado de Familia 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado Violencia sobre la Mujer nº 4 de Madrid se dictó auto de fecha cinco de septiembre de 2006, por virtud del cual se desestimaba el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal, contra la providencia de veintidós de junio del mismo año.
SEGUNDO.- Por el Ministerio Fiscal se interpone recurso de apelación contra el mencionado auto y, admitido a trámite, se dio traslado al Ministerio Fiscal.
Por providencia de veinte de octubre de 2006 se acordó la formación del oportuno rollo y se señaló para la deliberación el día treinta y uno de octubre de 2006.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña MARTA PEREIRA PENEDO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La cuestión que viene a someterse a debate es si el Juez que adoptó las medidas civiles correspondientes a la orden de protección, viene obligado a ejecutarlas o, si por el contrario, tal ejecución corresponde al orden jurisdiccional sobre el que versen las medidas adoptadas.
En el caso que nos ocupa, la pensión alimenticia fijada en la cantidad de 200 euros, tiene una vigencia temporal, al igual que el resto de medidas civiles adoptadas, de treinta días.
Ante la falta de pago de la cantidad fijada provisoriamente en concepto de pensión alimenticia, entendemos, tal como ha expresado el juzgador de instancia, que este no es competente para la ejecución del mismo en caso de incumplimiento.
Ello por varios motivos y, el primero de ellos viene determinado en el propio precepto que permite la adopción de la medida de carácter civil, cual es que su vigencia está supeditada a que, en dicho plazo de treinta días, se presente la correspondiente demanda en el orden civil, en cuyo caso, la vigencia de treinta días se computará desde la fecha de presentación de la demanda. Ello pone de manifiesto que la adopción de la medida únicamente tiene por objeto la protección de la víctima en tanto se presenta la demanda civil, dándose un plazo perentorio para su interposición.
>Ahora bien, dado que la medida tiene una naturaleza estrictamente civil, es el juez de ese orden jurisdiccional (juzgado de familia) el que tiene la máxima competencia para decidir sobre la misma y, en este sentido, la puede ratificar o la puede dejar sin efecto. Parece obvio que si el legislador hubiese querido que el juez penal ejecutara coercitivamente la medida cautelar, le hubiera dotado de medios para ello y, en conc

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