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Artículo Monográfico. Diciembre 2006

SP/DOCT/3213

¿Es posible que el Juez de violencia de la mujer o Juez de instrucción adopten medidas civiles en ausencia del denunciado por hecho de violencia de género? ¿Lo permite el art. 544 bis LECrim o sólo puede hacerse por la vía del art. 544 ter LECrim?

Vicente Magro Servet Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Doctor en Derecho

1. Las ventajas de la especialización de los Juzgados de Violencia de la Mujer en el otorgamiento de las competencias civiles ex art. 44 de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género
Una de las principales ventajas que tienen los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en la materia competencial de la que se ocupan es la de haberles concedido la competencia civil dimanante de la denuncia presentada por un hecho de violencia de género.
En efecto, en el art. 44 LO 1/2004 se adiciona un art. 87 ter LOPJ para, en los apdos. 2.º y 3.º, atribuirle la competencia que en el orden civil se ha entendido que va a derivarse de los procedimientos penales que ingresen en estos juzgados. Pero esta competencia todavía puede venir iniciada desde la vía penal cuando el juez de Violencia de la Mujer, -o el de instrucción cuando actúa a prevención fuera de las horas de audiencia del anterior, o cuando no sea el JVM del partido judicial donde se presenta la denuncia el competente para instruir, sino el del domicilio real de la víctima- adopte las medidas civiles que constan en el art. 544.7 ter LECrim.
Por ello, estos juzgados tramitan las órdenes de protección, asumiendo ellos mismos, más tarde, la tramitación civil de las medidas ya acordadas en el mismo auto por el que se acordó la orden de protección con las medidas civiles y penales adoptadas.
Recordemos, de todas maneras, que uno de los temas que más ha preocupado a todos los profesionales que han tratado esta materia y, sobre todo, al Observatorio de Violencia doméstica y Co
misión de Seguimiento del CGPJ en la implantación de la orden de protección, ha sido el de asegurar la debida coordinación entre la jurisdicción civil y penal, que si había sido problemático antes de las reformas legales que se aprobaron antes de la LO 1/2004 (Ley Orgánica 11/2003, Ley 27/2003 y Ley Orgánica 15/2003) y de la existencia del Observatorio de Violencia doméstica del CGPJ, ha mejorado tras los protocolos aprobados en el seno de la cit

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