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Artículo Monográfico. Febrero 2007

SP/DOCT/3277

La legitimación de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer en el proceso penal

Vicente Magro Servet Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Doctor en Derecho

1. Introducción. La legitimación del Ministerio Fiscal para intervenir en el proceso penal en defensa de los intereses de los ciudadanos y del interés público
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha incluido un apartado en el marco de actuación ante los Juzgados y Tribunales especializados en la violencia sobre la mujer en virtud del cual se reconoce legitimación a la nueva Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer para actuar en los órganos judiciales.
En principio, debe significarse que, como es conocido, la representación del Estado y, en consecuencia, quien está legitimado para actuar en defensa de los ciudadanos en el proceso penal es el Ministerio Fiscal, como se constata en el artículo primero de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en donde se recoge que:
"El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social."
Además, el art. 105 LECrim confiere la legitimación para el ejercicio de la acción penal con obligación de llevarlo a cabo cuando así se estime oportuno, haya o no acusador particular, menos en los casos que se reserven a la querella privada añadiendo el art. 110 LECrim que los perjudicados por un delito o falta pued
en ejercitar la acción penal, además de hacerlo el Ministerio Público, teniendo aquéllos la configuración procesal de acusación particular en la causa en la que se personen.

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