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AP Las Palmas, Sec. 2.ª, 10/2006, de 19 de enero

SP/SENT/85459

Recurso 2/2006. Ponente: PILAR PAREJO PABLOS.

Inaplicación de la legítima defensa en las riñas mutuamente aceptadas 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: En dicha sentencia se condena a Jesus Miguel, como autor de un delito de maltrato familiar, a la pena de nueve meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por dos años y prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros a Doña María Dolores, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar frecuentado por ella, así como comunicarse con la misma, por cualquier medio de comunicación o medio informá ;tico, telemático, escrito, verbal o visual por tres años, a computar desde la extinción de la pena de prisión impuesta o de su duración, para el supuesto de suspensión de la pena, imponiéndole las costas causadas en esta instancia.
SEGUNDO: Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación del acusado, con las alegaciones que constan en el escrito de formalización, sin solicitar nuevas pruebas, que fue admitido en ambos efectos, y del mismo se dio traslado por diez días a las partes personadas.
TERCERO: Remitidos los autos a esta Audiencia, y no estimándose necesario la celebración de vista, quedaron los mismos pendientes para sentencia.
Se aceptan íntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La parte apelante basa su recurso en la actuación de la denunciante, que retiró la denuncia y en las contradicciones en que la misma incurrió en relación con sus primeras manifestaciones durante la instrucción. Manifiesta que la denunciante reconoce que fue ella la que inició la discusión. Considera que el Juez no se ha planteado que la renuncia podría responder a un uso torticero de la norma.
SEGUNDO: Cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación - como en el presente caso - es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo" en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que los acusados sean sometidos a un proceso público con todas las garantías (artículo 24 de la Constitución), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran (acusados y testigos) en su narración de los hechos y la razón d
el conocimiento de estos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia.De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio ( reconocida en el artículo 741 citado ) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que

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