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AP Baleares, Sec. 1.ª, 11/2002, de 4 de febrero

SP/SENT/88979

Recurso 194/2001. Ponente: Dª. ANTONIA MARIA PERELLO JORQUERA.

La frecuencia de visitas a comercios donde reside la víctima refuerzan y ponen de manifiesto el acoso a su compañera 
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ANTECEDENTES DE HECHO
1°.-/ Contra la meritada sentencia se interpuso recurso de apelación por: Pedro Miguel, actuando como Procurador en su representación MIGUEL NADAL ESTELA, con asistencia Letrada de GASPAR GUAITA BISBAL; siendo parte apelada: el MINISTERIO FISCAL.
2°.-/ Producida la admisión del recurso por entenderse interpuesto en tiempo y forma, se confirió el oportuno traslado del mismo a las restantes partes que fue utilizado para su impugnación por el Ministerio Fiscal. Remitidas, y recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se verificó reparto con arreglo a las disposiciones establecidas para esta Sección Primera, señalándose para la deliberación, quedando la causa pendiente de resolución.
3°.-/ En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, expresando el parecer de la Sala como Magistrado Ponente S.Sª. Ilma. Dª. Antonia María Perelló Jorquera.
Devuelto el conocimiento pleno de lo actuado a esta Sala procede declarar y declaramos como hechos probados los recogidos en la sentencia recurrida, sin perjuicio de lo que a continuación se dirá.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I/ Pedro Miguel interpone, a través de su representación procesal, recurso de apelación contra la sentencia que en primera instancia la condena como autor responsable de dos delitos de amenazas y de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, argumentando al efecto la vulneración del principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución, así como la infracción por aplicación indebida de los artículos 169.2, 468.2, 57 y 28 del Código Penal. Sostiene el recurrente al motivar el recurso que nos ocupa que la condena del acusado se ha hecho descansar exclusivamente en el testimonio de Dª María Cristina, víctima de las supuestas amenazas, el de su hija Dª. Estíbaliz, y el de D. Luis Angel, cuando tales testimonios carecen de la coherencia, verosimilitud y certeza suficiente como para fundamentar una sentencia condenatoria, máxime cuando en el relato de madre e hija se aprecian numerosas contradicciones, y el testimonio de Estíbaliz y Luis Angel podría estar viciado al haber achacado ambos sus problemas laborales a la intervención del propio acusado.
El Ministerio Fiscal por su parte ha interesado la confirmación de la sentencia recurrida.
II.-/ Una doctrina ya consolidada del Tribunal Constitucional estima que no existe vulneración de la presunción de inocencia cuando concurre un mínimo de actividad probatoria que sea de cargo, siempre que ésta desvirtúe tal presunción, siendo que la mínima actividad probatoria, co
mo prueba suficiente de cargo para destruir la presunción de inocencia, es base inobjetable para fundar una conclusión condenatoria si fue obtenida previa observancia tanto de los principios constitucionales como de los procesales que rigen el proceso justo y la tutela judicial efectiva, acogidos en la Constitución y en la LECRIM.En este sentido, preciso es recordar que tanto el Tribunal Constitucional (SSTC 160/90

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