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AP Huelva, Sec. 2.ª, 58/2008, de 19 de mayo

SP/AUTRJ/494396

Recurso 109/2008. Ponente: ANDRES BODEGA DE VAL.

Cabe el monitorio frente a una entidad pública así como juicio especial cambiario 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Huelva se dictó auto con fecha 6 de julio de 2.007 , declarando la falta de competencia objetiva del orden jurisdiccional civil para conocer del proceso monitorio de referencia.
SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de EDITORIAL ARANZADI, S.A., que se ha tramitado conforme a derecho, formándose el correspondiente rollo de apelación, habiendo tenido lugar la deliberación, votación y fallo el pasado 24 de abril, siendo ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. ANDRÉS BODEGA DE VAL.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Objeto de recurso es el auto que declina jurisdicción para conocer de la reclamación de cantidad arbitrada a través de proceso monitorio frente al Ayuntamiento de Huelva. Razona la decisión recurrida que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la única competente para interpretar el contenido del contrato, que califica de administrativo, y que ha de aplicarse el artículo 2 de la LJCA , que concentra en ese orden toda reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración. Un examen de la evolución legislativa procesal pone de manifiesto el propósito de unificar en el orden contencioso administrativo un buen número de pretensiones dirigidas contra las entidades públicas que antes tenían cabida en el orden civil. Ello no obstante siguen existiendo cierto derechos cuyo ejercicio se residencia en este orden: en materia contractual, en concreto, las acciones derivadas de contratos privados, sin examen de los actos separables de preparación o adjudicación (como ocurre en este caso), son de conocimiento de los Tribunales civiles, ex artículo 21 2. de la Ley de contratos del sector público: "El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados. Este orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes y e
ntidades sometidos a esta Ley que no tengan el carácter de Administración Pública, siempre que estos contratos no estén sujetos a una regulación armonizada".SEGUNDO.- La calificación de la naturaleza civil o administrativa del contrato se revela, por lo tanto, como imprescindible para resolver la cuestión de la procedencia de confirmar o no la declinatoria de jurisdicción apreciada de oficio.<div class="T

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