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Consulta. Enero 2008

SP/CONS/58335

Por fallecimiento de motorista a causa de colisión con quitamiedos

Para que concurra la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, se requiere, según el art. 139 de la Ley 30/1992, la concurrencia de los siguientes requisitos: un daño imputable a la Administración, un daño antijurídico que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar, un perjuicio patrimonial real, económicamente individualizado y efectivo, relación de causalidad directa y eficaz entre el hecho imputado a la Administración y el daño producido y ausencia de fuerza mayor.
En base a ello, si se pueden acreditar dichos extremos, naturalmente se puede efectuar reclamación económico-administrativa contra la Administración responsable de la vía en que ocurre el accidente, siendo necesaria además la acreditación de que en la conducta del motorista siniestrado no haya concurrido la menor negligencia y que no haya existido intervención de terceros que haya roto el nexo causal entre el hecho imputado a la Administración y el perjuicio producido.
En el sentido expresado, el Juzgado de lo Contencioso n.º 1 de Palma de Mallorca dictó Sentencia de fecha 30 de julio de 2007, que figura en nuestra base de datos con la referencia SP/SENT/139227, que estimó una reclamación contra la Administración Pública por fallecimiento de un motorista por el golpe contra el "quitamiedos" de una vía, pese a que el mismo se ajustaba a la normativa vigente en el momento de su instalación y no se trataba de un denominado "punto negro", considerando q
ue la Administración adquirió responsabilidad por riesgo contraído con el administrado a causa del daño que producen unos elementos de seguridad acreditados como altamente peligrosos y causantes de daños muy severos, existiendo elementos más modernos y seguros en el mercado, en su condición de garante de la seguridad vial.En sentido contrario cabe citarse la Sentencia del TSJ de Cataluña de 6 de octubre de 2006, re

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