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Artículo Monográfico. Mayo 2005

SP/DOCT/2500

¿No jurar la Constitución priva a los agentes de la condición de autoridad?

Departamento Jurídico de SEPIN

1. Obligación legal de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de acatar la Constitución. Condición de agentes de la autoridad
El art. 6.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, establece que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado. Esta obligación legal, de conformidad con lo dispuesto en el 2 de la citada Ley, resulta de aplicación, no solamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la nación, sino también a los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
El apdo. II del Preámbulo de la Ley Orgánica establece que esta promesa o juramento de acatamiento del texto constitucional «no constituye un mero trámite o formalismo, sino un requisito esencial, constitutivo de la condición policial y al mismo tiempo símbolo o emblema de su alta misión».
De lo expuesto, y pese a que al Preámbulo carece de valor normativo, como así ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones la jurisprudencia, sí se evidencia la voluntad del legislador de recalcar el carácter esencial del acatamiento de la Constitución hasta el extremo de constituir un elemento determinante para la adquisición de la condición policial y, por ende, de la cualidad de agentes de la autoridad.
En lo que respecta al caso concreto de la Policía Autónoma Vasca resulta imprescindible traer a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 135/2004, de 25 de febrero, dictada con
ocasión del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Administración General del Estado contra el Acuerdo del Gobierno Vasco, recaído en sesión de 1 de octubre de 2002, por el que se rechazó el requerimiento efectuado por el Delegado del Gobierno en escrito de fecha 28 de junio de 2002, en relación con la obligación de los miembros de la Ertzaintza de jurar o prometer acatamiento a la Constitución, al considerar que dicha obligación

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