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Artículo Monográfico. Julio 2005

SP/DOCT/2586

Responsabilidad patrimonial de la administración provocados por obstáculos en la calzada, por acción de terceros

José Domingo Monforte Abogado

1.- Régimen General de la Responsabilidad Patrimonial. Planteamiento de la cuestión y su problemática
Para la aproximación jurídica a la problemática que vamos abordar, es conveniente recordar los fundamentos y marco legal que conforman, el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
La Constitución consagra en el artículo 106.2 el derecho de los ciudadanos a ser resarcidos por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Este régimen venía recogido ya en otras normas preconstitucionales y ha sido desarrollado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La citada disposición normativa recoge el derecho de los particulares a ser indemnizados por las administraciones públicas de las lesiones sufridas en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En continuidad legislativa con la reforma operada, por la Ley Orgánica 6/1998 de 13 de Julio, en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
Los requisitos que posibilitan el éxito de la pretensión resarcitoria, se encuentran normativizados, y han sido desarrollados e interpretados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y parten de la existencia y efectividad del daño o perjui
cio, evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas; que el daño o lesión patrimonial producido al reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación causal adecuada, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir decisiva y exclusivamente, alterando el nexo causal, ausencia de fuerza mayor; y que el reclamante no tenga el deber jurídico de

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