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Artículo Monográfico. Abril 2009

SP/DOCT/4046

Los recursos administrativos en materia de preparación y adjudicación de contratos en la Ley de Contratos del Sector Público: el recurso especial regulado en el art. 37

Francisco Sanz Gandasegui Abogado del Estado en la Subdirección General de los Servicios Consultivos (Ministerio de Justicia)

I. Introducción
Constituye el objeto de este trabajo la exposición del sistema de recursos administrativos previsto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), en lo que se refiere a las fases de preparación y adjudicación del contrato, y, especialmente, el recurso especial en materia de contratación previsto en el art. 37 LCSP y sus correspondientes medidas cautelares.
Lo primero que debe decirse es que, en España, hasta el año 2003 en que se introduce por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, un art. 60 bis, que contempla unas medidas provisionales aplicables a los recursos en materia de contratación, y una Disposición Adicional Decimosexta aplicable a las sociedades públicas y fundaciones, preceptos introducidos como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 15 de mayo de 2003 (SP/SENT/451807), en los términos que se expondrán más adelante, no existían particularidades notables en materia de impugnación de los procedimientos de licitación pública, exceptuando la salvedad de la contratación en el ámbito de los denominados "sectores excluidos" regulados por la Ley 48/1998, de 30 de diciembre.
El sistema de recursos en materia de contratación es una cuestión polémica. La previsión de un sistema especial de recursos en materia de contratación se fundamenta por la doctrina y la legislación comunitaria en la necesidad de que se respeten al máximo lo
s principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, de modo que se faciliten remedios ágiles y eficaces ante las vulneraciones de la normativa contractual. Lo cierto es que el sistema español de recursos en materia de contratación era (y puede que lo siga siendo) objeto de una dura crítica por parte de la doctrina que lo consideraba ineficiente y desfasado en relación con las exigencias del Der

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