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Artículo Monográfico. Mayo 2007

SP/DOCT/7984

La función de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva en la Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres 3/2007. Los Planes de Igualdad en las empresas. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. NUM. EXTRA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES

TERESA PÉREZ DEL RÍO. Catedrática de Derecho del Trabajo de la UCA

Siguiendo las directrices comunitarias establecidas en la Hoja de Ruta para la igualdad entre mujeres y hombres 2006/2010, una de las líneas de fuerza de Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es, junto con el principio de transversalidad, la acción positiva, como no podría ser menos en una Ley que pretende conseguir, como su propia denominación indica, la igualdad real, esencial (Art.9.2 CE), entre mujeres y hombres. La LO 3/2007 pretende incentivar, fomentar e incluso obligar en algunas ocasiones a la adopción de medidas de acción positiva en el empleo, tanto en el ámbito público como en el privado, y al tiempo, y cumpliendo una vez mas las directrices comunitarias, implicar a los interlocutores sociales en este objetivo. La Ley en esta materia recoge, sistematiza y pretende incentivar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los interlocutores sociales en los sucesivos ANCs. adoptados a partir del año 2003, por tanto no se entiende bien el porqué de la contestación empresarial a algunas de las iniciativas recogidas normativamente en la Ley puesto que, el menos en parte, estas medidas habían sido ya asumidas por la patronal.
La norma establece tres niveles de actuación con respecto a la negociación colectiva. En primer lugar, obliga a los interlocutores sociales a eliminar de los convenios colectivos todas las cláusulas convencionales directa o indirectamente discriminatorias, lo que no significa nada nuevo ya que a ello venían obligados constitucional y estatutariamente desde hace tiempo; otra cosa es que el nivel de cumplimiento de esta obligación dejase bastante que desear según demuestran los estudios sobre negociación colectiva realizados en óptica de género. Con el mismo objetivo pretende reforzar el control de legalidad de los convenios establecido en el Art.90.5 ET.
Una segunda materia en la que podría parecer derivarse del contenido de la Ley una obligación de actuación por parte de los empleadores y, en su caso, de la negociación colectiva, es la prevención y sanción de la violencia de género en el trabajo derivada del
Art.48 de la LO 3/2007.
Finalmente la norma pretende incentivar la adopción, en este caso voluntaria, de medidas de acción positiva. Uno de los instrumentos esenciales para lograr esa finalidad es el deber de negociar, que no de acordar, medidas de acción positiva, previa la realización de un diagnóstico de la situación, en el ámbito en que las partes pretenden la negociación de un convenio colectivo, medidas que en determinados supuestos, deberán formar parte de los denominados planes de igualdad regulados en los Arts.45 y siguientes de la LO 3/2007.
Para garantizar un adecuado diseño y una aplicación correcta por parte de los interlocutores sociales de los planes de igualdad, se hace indispensable una mayor participación de las mujeres en las mesas de negociación y una mejor formación de los interlocutores sociales en general y de los negociadores en particular en materia de género. También podría colaborar de forma importante la mejora de la estructura y articulación de la negociación colectiva. El objetivo de centralizar y articular la negociación colectiva asumida por los interlocutores sociales mediante los sucesivos ANCs con la intención de reforzar los ámbitos convencionales amplios reduciendo paulatinamente el número de convenios de ámbito provincial, y la fijación de reglas de complementariedad y articulación entre los diferentes ámbitos de negociación, resulta muy conveniente para la adopción de los planes de igualdad ya que, como se señaló, en caso de que el convenio de ámbito superior así lo indique, todas las empresas incluidas en su ámbito de aplicación deberán adoptar estos planes.
Una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno procederá a evaluar, junto a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, el estado de la negociación colectiva en materia de igualdad, y estudiar, en función de la evolución constatada, las medidas que, en su caso, resulten pertinentes.