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AP Málaga, Sec. 4.ª, 918/2003, de 2 de diciembre

SP/SENT/116224

Recurso 295/2003. Ponente: FLORENCIO DE MARCOS MADRUGA.

Se debe determinar si la información suministrada a la paciente fue suficiente para que ésta prestara su consentimiento 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 21/10/02, en el juicio antes dicho, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el procurador Sr. PEREZ SEGURA en nombre y representación de D. Montserrat contra D. Simón y la Cia aseguradora WINTERTHUR SEGUROS GENERALES S.A., debo condenar y condeno al Sr. Simón Y A WINTERTHUR SEGUROS GENERALES S.A. a abonar con carácter solidario, a la parte actora la cantidad de CIEN MIL EUROS (100.000 EUROS) así como el pago del interés legal a contar desde la fecha de interposición de la presente demanda, esto es, 27/12/00; ello si expresa imposición de las costas causadas..
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día 25/11/03 quedando visto para sentencia.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FLORENCIO DE MARCOS MADRUGA quien expresa el parecer del Tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Funda la parte apelante su recurso sus consideraciones, en primer lugar en entender inaplicable al supuesto que nos ocupa la calificación de arrendamiento de servicios y en segundo lugar, que en todo caso estaría acreditada la suficiencia de la información suministrada tal y como resultaría del documento adjuntado a la contestación con el número Dos - Folio 71 -.
SEGUNDO: Entiende la Sala estéril el debate en cuanto a la naturaleza jurídica de la relación jurídica entablada entre el paciente de la Sanidad pública y el paciente, pues desde el punto de vista legal, no cabe duda para la aplicación de cualesquiera tratamiento médico, sea en la Sanidad pública, sea en la privada, es preciso contar con el consentimiento informado del paciente. Así lo establecía el art. 10.6 de la Ley General de Sanidad (en adelante LGS), derogado por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, norma no obstante aplicable al supuesto que nos ocupa al haber acontecido la intervención médica en marzo de 1999: "Todos tienen los siguientes derecho con respecto de las distintas administraciones públicas sanitarias: ... 6. A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención, excepto en los siguientes casos: a) Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública. b) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponde
rá a sus familiares o personas a él allegadas. c) Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento".Posteriormente, aunque al análisis de la cuestión sometida a consideración resulte innecesario, el art. 5 del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medici

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