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AP Las Palmas, Sec. 5.ª, 41/2005, de 25 de enero

SP/SENT/116486

Recurso 525/2004. Ponente: JUAN JOSE COBO PLANA.

Diferentes acciones ante un error en el diagnóstico prenatal: "wrongful birth", formulada por los padres, y "wrongful life", ejercitada por el hijo 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada dice literalmente:
"Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Doña Soledad en su propio nombre y el de su hijo menor de edad, Don Alonso , debo condenar y condeno solidariamente a Don Julián y Técnicas Diagnósticas, S.L., a abonar a aquéllos la cantidad de 250.000 Euros, más los intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de interposición de la demanda.
Sin especial pronunciamiento sobre las costas del proceso."
SEGUNDO.- La relacionada sentencia, se recurrió en apelación por la indicada parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no habiéndose practicado prueba en esta segunda instancia, y tras darle la tramitación oportuna se señaló para su estudio, votación y fallo el día 11-10-2004 .
TERCERO.- Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho, y observando las prescripciones legales. Es Ponente de la sentencia el Iltmo. Sr./a. D./Dña. Juan José Cobo Plana , quien expresa el parecer de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Se alzan los codemandados frente a la sentencia que estimó parcialmente la demanda formulada por la actora, que interpuso acción en ejercicio de responsabilidad médica, con infracción del deber de información, disintiendo ambos, en primer lugar, del pronunciamiento de la resolución que combaten que condenó solidariamente a la entidad codemandada Técnicas Diagnósticas S.L., reiterando, al efecto, que la propia actora acudió a la consulta del Dr. Julián y no a la señalada sociedad, mercantil esta última cuya presencia, sostienen, en el ámbito diagnóstico ecográfico es, del todo punto, desconocida, al contrario de lo que ocurre con el doctor codemandado, profesional de amplio y reconocido prestigio y experiencia acreditada, dato que, opinan, incluso, corrobora la actora en el acto del juicio al señalar que requirió los servicios remunerados, precisamente, de este facultativo no así de la sociedad demandada que, a la sazón, manifiestan, fue creada únicamente como asociación profesional con el exclusivo fin de facilitar los trámites burocráticos ante la administración tributaria, de modo que, concluyen, procede la distinción entre el acuerdo de voluntades suscrito entre la actora/paciente y su médico, por un lado y, por otro, la cualidad de socio/administrador de este último en la sociedad demandada que, además, no contrajo vínculo jurídico alguno con aquélla. Discrepan, en segundo lugar, de la condena que efectuó la resolución apelada del especialista codemandado insistiendo, una vez más, con apoyo e
n el artículo 459 de la LEC y con denuncia de infracción de los artículos 12, 13 y 14 del mismo cuerpo legal, en la excepción de litisconsorcio pasivo necesario respecto de la persona del ginecólogo que llevó a cabo el seguimiento del embarazo de la actora en el Servicio Canario de Salud y de éste último servicio, acción entablada contra ellos a la que desistió la demandante por escrito de 23 de octubre de 2002, lo que, a su juicio, provoca nulid

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