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AP Málaga, Sec. 6.ª, 87/2006, de 16 de febrero

SP/SENT/116716

Recurso 96/2006. Ponente: JOSE JAVIER DIEZ NUÑEZ.

No existiendo constancia en dos años del daño que le producía el implante, no es posible apreciar el nexo causal con la intervención que le realizó el odontólogo  
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Marbella (Málaga) se siguió juicio verbal número 826/2004, del que este Rollo de Apelación dimana, en el que con fecha dieciocho de abril de dos mil cinco se dictó sentencia definitiva en la que se acordaba en su parte dispositiva: "FALLO: Desestimando la demanda formulada por el Procurador Doña Cristina Zea Montero en nombre y representación de Don Arturo contra Don Jose Pedro debo absolver y absuelvo al demandado de las pretensiones deducidas en su contra. Sin hacer expreso pronunciamiento en costas".
SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia, en tiempo y forma, preparó y posteriormente por escrito formalizó recurso de apelación la representación procesal de la parte demandante, oponiéndose a su fundamentación la demandada adversa, remitiéndose seguidamente las actuaciones a esta Audiencia en donde al no proponerse práctica probatoria y considerarse innecesaria la celebración de vista pública, se señaló para deliberación del tribunal la audiencia del día de hoy, quedando a continuación conclusas para dictar sentencia.
TERCERO.- En la tramitación de este recurso han sido observados y cumplidos los requisitos y presupuestos procesales previstos por la Ley, habiendo sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. don José Javier Díez Núñez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El artículo 1544 del Código Civil engloba dentro de un mismo concepto dos tipos contractuales distintos, cuales son el arrendamiento de obra y el de servicios, en los que si bien una y otra modalidad entrañan una prestación de hacer y una correlativa contraprestación de pagar un precio cierto, su régimen jurídico es totalmente diferente, siendo característica esencial del denominado arrendamiento de obra o empresa, según determinan, entre otras, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1983 y 4 de octubre de 1989, que el profesional se obliga a prestar al comitente, no propiamente una actividad profesional, sino más correctamente el resultado producido por la misma o, lo que es igual, una prestación de resultado íntimamente ligada con la necesidad deseada y prevista por los contratantes -"opus consumatum et perfectum"-, de ahí que al tomarse en consideración, más que una actividad concreta, el resultado de la misma, se exija al empresario o contratista la ejecución de la obra de acuerdo con las pautas señaladas en el contrato y, en su defecto, en observancia de lo dispuesto en el artículo 1258 del Código Civil, conforme a la buena fe y al uso, calificando reiterada doctrina del Tribunal Supremo la relación médico-paciente como un contrato de arrendamiento de servicios -SS. de 18 de enero de 1941, 22 de diciembre de 1954 y 2 de junio de 1960-, ya que la obligación médica no es la de obtener la curación del paciente, sino el proporcionarle los cuidados que requiera,
según la "lex artis ad hoc" y el estado de la ciencia -T.S. 1ª SS. de 25 de enero de 1997-, declarando que el molde amplísimo del contrato de prestación de servicios, cobija, sin género de dudas, los servicios superiores y muy cualificados de quiénes, como los médicos, ejercen las llamadas profesiones liberales, por lo que, consecuentemente, la responsabilidad del profesional en cuestión debe devenir del incumplimiento de las obligaciones propia

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