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AP Soria, Sec. 1.ª, 50/2004, de 26 de marzo

SP/SENT/127629

Recurso 19/2004. Ponente: MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ SÁNCHEZ.

Cuando se exige responsabilidad a una Administración Pública, ya sea de derecho público como de derecho privado, la vía es la contencioso-administrativa 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: "Que con desestimación de la demanda interpuesta por Sociedad General de Autores y Editores representado por el Procurador Sra. Parrondo Baselga contra Ayuntamiento de Medinaceli, debo absolver y absuelvo a la referida demandada de las pretensiones efectuadas en contra suya con expresa condena en costas a la parte actora".
SEGUNDO .- Dicha sentencia, se recurrió en apelación por la parte demandante, dándose traslado del mismo a las partes, remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia Provincial de Soria, donde se formó el Rollo de Apelación Civil nº 19/04, y no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en segunda instancia y no estimándose necesaria la celebración de vista oral, quedaron los autos conclusos, en virtud de lo preceptuado en el art. 465.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para dictar sentencia.
Es Ponente la Sra. Magistrada suplente Dª Mª CARMEN MARTÍNEZ SÁNCHEZ.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Esta Sala por providencia de 5 de febrero de 2004 acordó someter a las partes la cuestión de una posible falta de competencia de la jurisdicción civil para conocer del asunto objeto de estas actuaciones a la vista del criterio recogido en los Autos de 23 y 28 de julio y 1 y 15 de septiembre de 2003 que contemplaban un supuesto idéntico al actual.
SEGUNDO .- Los artículos 37 y 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecen que cuando un Tribunal de la jurisdicción civil estime que el asunto que se le somete corresponde a otra jurisdicción deberá abstenerse de conocer, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida esa falta de jurisdicción. Pues bien esta Audiencia en las resoluciones anteriormente citadas, y que perfectamente conoce la demandante y recurrente puesto que fue parte en todos los procedimientos en que se dictaron, tiene declarado que, y en virtud de lo establecido tanto en la Ley sobre Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de noviembre de 1992, artículos 139 a 144, como en el Real Decreto que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, la vía judicial cuando se trate de exigir responsabilidad de este tipo a una Administración Pública, ya se derive de una relación de derecho público como de derecho privado, no puede ser otra que la contencioso-administrativa, y nunca la civil. Aludiendo en el mismo
sentido al artículo 1.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso- Administrativa del que se desprendería que la competencia de estos órganos se extiende a todas las pretensiones que se planteen en relación a la actividad de cualquier clase de las Administraciones Públicas y sujeta al derecho administrativo, y no sólo a los actos administrativos expresos, extendiendo expresamente el artículo 2 de este texto esa competencia a todas las cuestiones que

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