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AP Lleida, Sec. 2.ª, 373/2004, de 27 de octubre

SP/SENT/127719

Recurso 143/2004. Ponente: ALBERT MONTELL GARCIA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la indicada sentencia dice literalmente así: "DECISIÓ: ESTIMO l''excepció de manca de competència de la jurisdicció civil per a conèixer del present litigi, que ha estat registrat en aquest Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Lleida, amb el número 641/03, tot això amb més l''expressa imposició a la part demandant de les costes processals causades en el curs d''aquest procediment. [...]."
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia, los demandantes, Héctor y Amparo formalizó recurso de apelación, que el Juzgado admitió y dio traslado del mismo a la otra parte, que lo impugnó. A continuación, remitió los autos a esta Audiencia Sección segunda.
TERCERO.- Una vez recibidos los autos, el Tribunal acordó formar rollo y designó Magistrado ponente, al que se entregaron las actuaciones para que, previa deliberación, propusiera a la Sala la resolución oportuna. Se señaló el dia veintisiete de octubre de dos mil cuatro para la votación y decisión.
CUARTO.- En la tramitación de esta segunda instancia, se han observado las prescripciones legales esenciales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Para resolver el recurso interpuesto debe determinarse, en primer lugar, la corrección de la excepción de jurisdicción apreciada de oficio en la sentencia impugnada, puesto que, de ser confirmada, sería innecesario efectuar un análisis del fondo del asunto. Los demandantes son propietarios de la casa sita en el núm. NUM000 de la CALLE000 cuya bodega, a principios de diciembre de 2002, se inundó de aguas fecales procedentes de la conducción general que discurre por la colindante calle Abadía. El 20 de enero de 2003, volvió a inundarse también por efecto de aguas fecales procedentes de la misma conducción general a pesar de la actuación llevada a cabo a raíz del primer siniestro por parte de la empresa concesionaria SOREA, aquí demandada. Para resolver la cuestión de la jurisdicción competente conviene partir de la evolución legislativa que ha seguido el régimen de responsabilidad de la Administración, hasta su situación actual. Así, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se establecía la competencia de la jurisdicción contenciosa- administrativa respecto de aquellas cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial de la Administración pública en aplicación de lo establecido en el art. 128 de la Ley de Expropiación Forzosa, del art. 3. B de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Cotenciosa-Administrativa y, finalmente, del art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado. Este principio general se aplicaba a los supuestos en los que la Administración actuaba sometida a derecho público, puesto que en aquellos casos en los cuales lo hacía en una relación de derecho privado, por así establecerlo el art. 41 Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, se consideraba competente para conocer de este ámbito a la jurisdicción ordinaria civil. Este régimen fue modificado por la men

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