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AP Lleida, Sec. 2.ª, 47/2005, de 31 de enero

SP/SENT/127729

Recurso 409/2004. Ponente: ALBERT MONTELL GARCIA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La transcripción literal de la part dispositiva de la Sentenciadictada en fecha 1 de julio de 2004, es la siguiente: " FALLO. Que desestimando la demanda intepruesta por Juan Luis contra Aigües de Lleida debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos de la parte actora, con imposición de las costas a la parte demandante."
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia, la representación procesal de Juan Luis interpuso un recurso de apelación que el Juzgado admitió y, seguidos los trámites pertinentes, remitió las actuaciones a esta Audiencia, Sección Segunda.
TERCERO.- La Sala decidió formar rollo y designar magistrado ponente a quien se entregaron las actuaciones para que, una vez deliberada, propusiera a la Sala la resolución oportuna. Con fecha 23-12-04 la Sala dictó providencia acordando dar traslado por término de cinco dias a las partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciaran sobre la jurisdicción competente para conocer del presente procedimiento. Evacuado el tràmite se señaló el dia 27 de enero de 2005 para la votación y decisión.
CUARTO.- En la tramitación de esta segunda instancia se han observado las prescripciones legales esenciales del procedimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Para resolver el recurso interpuesto debe determinarse, en primer lugar, si el enjuiciamiento de la cuestión objeto de litigio debe ser realizada por la jurisdicción ordinaria civil o por la jurisdicción contenciosa, pues aún cuando esta cuestión no fue suscitada en primera instancia, sin embargo, al constituir un presupuesto del proceso y ser la jurisdicción improrrogable, puede y debe ser examinada de oficio, incluso, en segunda instancia (arts. 37.2 i 38 de la LEC), naturalmente, habiendo dado previamente oportunidad de efectuar alegaciones, tanto a las partes como al Ministerio Fiscal, habiéndolas presentado el segundo, pero no así las primeras. Los antecedentes fácticos motivadores de la demanda consisten en los daños causados al vehículo del actor por una tapa de alcantarilla que, como consecuencia de unas lluvias, se había salido de su lugar, de formar que, no siendo visible, pues las aguas la ocultaban, pasó por encima el turismo del demandante, siendo entonces cuando éste resultó con los daños que ahora se reclaman a la demandada en su condición de concesionaria del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento de aguas. Para resolver la cuestión de la jurisdicción competente conviene partir de la evolución legislativa que ha seguido el régimen de responsabilidad de la Administración, hasta su situación actual. Así, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Com
ún, se establecía la competencia de la jurisdicción contenciosa-administrativa respecto de aquellas cuestiones relativas a la responsabilidad patrimonial de la Administración pública en aplicación de lo establecido en el art. 128 de la Ley de Expropiación Forzosa, del art. 3. B de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Cotenciosa-Administrativa y, finalmente, del art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. Este principio

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