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AP Lugo, Sec. 1.ª, 597/2007, de 13 de septiembre

SP/SENT/152228

Recurso 350/2007. Ponente: MILAGROSA MARIA FERRERA LOPEZ.

La propiedad intelectual, protege a los autores y su obra, aunque sea el autor del daño un ente público 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 4 de diciembre de 2.006, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Lugo, dictó sentencia en los referidos autos, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Estimar íntegramente la demanda formulada por el procurador don Ricardo López Mosquera en nombre y representación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) contra el Concello de Villalba, y condenar a la demanda a satisfacer a la actora en concepto de indemnización por la comunicación pública de obras protegidas por el derecho de autor llevada a cabo en aquél municipio en las fechas relacionadas en el fundamento tercero de la presente resolución, la suma de 7.215,36 €, condenándole al demandado pago de las costas procesales causadas en esta instancia.
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por el Concello de Vilalba, teniéndose por preparado el mismo y cumplidos los trámites del art. 458 y siguientes de la L.E.C. 1/2000 se elevaron los autos a la Audiencia Provincial para la resolución procedente.
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada.
Primero.- Razona la parte demandada apelada que la Sentencia de instancia no se adecua a lo alegado y probado en el juicio correspondiente.
Arguye, en esta instancia, "que la programación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento se desarrolla claramente en el ámbito público, y ha de atenerse a las normas de derecho público".
Además, vuelve a plantear en esta alzada que es de aplicación al caso el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria y no el artículo 140.3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , en relación con el plazo para la prescripción de la acción para reclamar daños y perjuicios por comunicación pública, no autorizada previamente por autores o SGAE, como gestora legítima de sus derechos.
Al respecto cabe sostener, siguiendo la pauta marcada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en sus sentencias de 7 de julio y 18 de septiembre y de 1990 , que la reclamación que aquí se interpone no plantea el caso de un contrato convenido por la Administración en materia de su competencia y que ésta no cumple (verbigracia, los contratos de las compañías de teatro con el Concello), sino de unos derechos civiles ajenos a dicho contrato y que surgen a favor de terceros en su ejecución. La reclamación de estos derechos privados, de dichos terceros, reconocidos en la instancia, constituye el objeto del p
resente proceso y su pretensión; tal pretensión no viene fundada en el derecho administrativo sino en los artículos 428 y 429 del Código Civil, y 19 y 20 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Se trata, por tanto, de la reclamación de unos derechos sujetos al Derecho civil.Sentencias más recientes del Alto Tribunal, esta vez de la Sala Segunda, como la de 26 de junio de 1998 y 24 de noviembre de 20

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