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AP Granada, Sec. 3.ª, 393/2005, de 25 de mayo

SP/SENT/72009

Recurso 49/2005. Ponente: ANTONIO GALLO ERENA.

Mantenimiento de las vías públicas es competencia contencioso administrativa 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha 19/05/04, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por Doña Ana Espígares Huete, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de Doña Carmela , contra Telefónica de España, S.A. y contra Constructora de Obras El Partal, S.A., debiendo de absolver y absolviendo a los demandados de los hechos objeto de las presentes actuaciones, con expresa condena en costas a la parte actora.".
SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a éste Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.
TERCERO.- Que, por éste Tribunal se han observado las formalidades legales en ésta alzada.
Siendo Ponente el Iltmo.Sr. Magistrado D. ANTONIO GALLO ERENA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Opuesta en su momento excepción de incompetencia de jurisdicción que fue desestimada en el acto de juicio y aún cuando, absuelta la empresa contratista del Ayuntamiento que la había opuesto, no formuló recurso aún cuando reiteró su existencia en el escrito de oposición, este Tribunal, al constituir ello una cuestión de orden público apreciable de oficio, teniéndose en cuenta que la acción ejercitada es de reclamación de cantidad con fundamento en los artículos 1.902 y 1.903 del C.C., por daños originados por accidente de tráfico ocasionado al bascular una tapa registro de teléfono mal colocada, en vía pública de esta ciudad, siendo la empresa demandada Constructora de Obras el Partal, S.A.U. encargada de su conservación, bacheo y reforma, en razón de contrato celebrado con el Ayuntamiento de Granada, antes de entrar a resolver cualquier otro tema, debemos de abordar dicha cuestión.
SEGUNDO.- El problema de delimitación entre los órdenes jurisdiccionales Civil y Contencioso- Administrativo ha sido objeto de una evolución legislativa con clara tendencia a la concentración en esta última de las reclamaciones que sobre responsabilidad patrimonial puedan ser planteadas contra la Administración, tanto en los casos en el daño inferido a los particulares derive de una relación de derecho privado como de derecho público.
Comienza este cambio de forma trascendente con la Ley 30/1922, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracion
es Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrollada luego por el Reglamento aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y ha culminado con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, por la que se modifica, entre otros, el artículo 9.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, poniendo término a las dudas interpretativas que pudiesen persis

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