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TSJ Andalucía, Málaga, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 2939/2012, de 30 de noviembre

SP/SENT/731610

Recurso 997/2005. Ponente: SANTIAGO CRUZ GOMEZ.

La flexibilidad debe regir las relaciones entre la Administración territorial y el operador de telecomunicaciones, para hacer posible el respeto de sus mutuos derechos y potestades, rigiéndose tales relaciones por criterios de proporcionalidad 
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Que la Ordenanza delimite un ámbito de aplicación a las instalaciones que reúnan determinadas características, por sí mismo, no supone invasión de las competencias estatales, pues el ámbito de aplicación de la misma corresponde a la Corporación Local 
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Valoradas las competencias del Estado en la materia, que se derivan del art. 43 de la Ley General de Comunicaciones, se reconoce también la competencia de los Ayuntamientos, para en determinados supuestos solucionar los conflictos e intervenir  
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El hecho de que la instalación de antenas para telefonía móvil esté vinculada a la aprobación de un plan técnico al que se refiere la Ordenanza constituye una medida razonablemente proporcionada para asegurar su eficacia 
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Se contraviene el marco competencial al establecer que sea el Ayuntamiento el que determine los niveles máximos de las antenas, en lo que concierne a los niveles de exposición de las personas a las radicaciones electromagnéticas 
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Las limitaciones que se establecen a la densidad de potencia en atención a la salud de las personas, traspasa su marco de competencias  
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Que el Ayuntamiento, para conceder la licencia de obras pueda exigir el certificado por el que se acuerde que se reúnen las condiciones necesarias para poder ejercer la actividad, es lógico y necesario, y se encuentra dentro de sus facultades 
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En orden al régimen sancionador, cae fuera del ámbito competencial de la Corporación municipal establecer tipos sancionadores, a la par que no encuentran un tipo legal que las ampare y además, procede a una graduación de las mismas 
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Es improcedente ordenar el cese y retirada de las instalaciones sin licencia sin el previo requerimiento de legalización exigido en el art.182 de la referida L.O.U.A; se ha establecido un régimen contrario y más severo del previsto en la Ley 7/ 2002  
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