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TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 6.ª, de 14 de octubre de 2013

SP/SENT/737220

Recurso 704/2011. Ponente: CARLOS LESMES SERRANO.

Cuando una Administración interponga recurso C-A contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada 
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En litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso C-A será de dos meses y cuando hubiera precedido el requerimiento, se contará desde el día siguiente a la notificación del acuerdo expreso o se entienda rechazado 
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El requerimiento previo es un trámite potestativo, como se deduce de la expresión "podrá requerirla", de manera que no se configura como un presupuesto necesario para el acceso a la Jurisdicción en los pleitos entre Administraciones públicas 
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La regla general es el de la responsabilidad del contratista por los daños y perjuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato de obras, debido a que su intervención rompe el nexo causal, exonerando a la Administración 
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Por excepción, por la titularidad administrativa de la operación y el fin público que se trata de satisfacer, responde la Administración cuando los daños deriven inmediata y directa de sus órdenes o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma 
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Por esto mismo, la TRLCAP impone una disciplina procedimental, conforme a la cual cabe que los perjudicados, se dirijan al órgano de contratación para que, previa audiencia del contratista, se pronuncie sobre a quién le toca responder de los daños 
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Si resuelve que la responsabilidad es del primero, el órgano de contratación dejará expedita la vía para que los perjudicados se dirijan contra él; en otro caso, seguirá el cauce establecido en el Reglamento aprobado por Real Decreto 429/1993 
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La Administración, tras efectuar una instrucción del expediente claramente parca e insuficiente, termina imputando la responsabilidad exclusivamente al contratista, obviando la cadena de subcontrataciones realizadas para la ejecución de la obra 
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Procede estimar la demanda de Renfe y condenar a la Comunidad de Madrid a indemnizarle por los daños sufridos como consecuencia de la caída de la viga a la vía del tren de alta velocidad y de la suspensión del servicio 
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Bebiendo posteriormente la Comunidad repetir contra la empresa que en la ejecución de la obra incurrió en la responsabilidad determinante de la producción del siniestro 
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