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TS, Sala Segunda, de lo Penal, 475/2008, de 5 de junio

SP/AUTRJ/168331

Recurso 2407/2007. Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ.

No es requisito de validez del auto autorizante de la intervención telefónica, la individualización de los miembros de las Fuerzas de Seguridad que deban ejecutarla 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la Audiencia Provincial de Ourense (Sección Segunda), se ha dictado sentencia de 29 de junio de 2007, en los autos del Rollo de Sala 7/06, dimanante del Procedimiento Abreviado 1709/2005, procedente del Juzgado de Instrucción número uno de O Barco de Valdeorras, por la que se condena a Oscar, como autor criminalmente responsable de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, previsto en el artículo 368 del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, con la accesoria legal correspondiente y multa de 1523, 12 € euros así como al abono de las costas procesales.
SEGUNDO.- Contra la sentencia citada, Oscar formula recurso de casación alegando, como único motivo, al amparo del artículo 5.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , infracción de preceptos constitucionales por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad del domicilio.
TERCERO.- En el trámite correspondiente a la substanciación del recurso el Ministerio Fiscal se opuso al mismo.
CUARTO.- Conforme a las normas de reparto aprobadas por Sala de Gobierno, de este Tribunal Supremo, es Ponente de la presente resolución el Magistrado Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Como único motivo, el recurrente alega infracción del derecho al secreto de las comunicaciones e infracción del derecho a la intimidad del domicilio.
A) En lo que se refiere al derecho al secreto de las comunicaciones, el recurrente estima que el auto judicial de 28 de septiembre de 2005 (folios 12 a 18) únicamente autoriza a efectuar escuchas a los agentes de la Guardia Civil con Tarjeta de Identificación Profesional NUM000, NUM001 y NUM002 de A Rúa y que, no obstante lo anterior, también participó en las escuchas el sargento de la Guardia Civil con Tarjeta de Identificación Profesional NUM003, que no estaba autorizado por el auto para efectuar las transcripciones de las conversaciones telefónicas.
Por otra parte, el recurrente estima que la diligencia de entrada y registro domiciliario es nula por proceder, en primer lugar, de las escuchas según lo anteriormente argumentado; en segundo lugar, porque la entrada y registro se verificó en virtud de resolución de 2 de diciembre de 2005, con carácter innominado y sin la necesaria motivación. Asimismo, estima que la diligencia es nula porque se autorizó de forma genérica para su práctica a los "funcionarios de la Policía Judicial de A Rúa y otros funcionarios de refuerzo que les asistan", sin identificar personalmente a los funcionarios encargados de verificar la diligencia.
Por último, estima que la diligencia de entrada y registro domiciliario también es nul
a porque la Secretaria del Juzgado de Instrucción no comprobó dando fe de la cantidad de dinero incautada que fue siempre contabilizada por el cabo primero de la Guardia Civil de Tarjeta de Identificación Profesional NUM000. Tanto es así que alega el recurrente durante la diligencia de entrada y registro se hallan según el acta 10.410 euros y tres días después se ingresan en el Juzgado sólo 6.010 euros.B) Respecto

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