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AP Sevilla, Sec. 1.ª, 391/2004, de 23 de septiembre

SP/AUTRJ/525778

Recurso 5960/2004. Ponente: MIGUEL CARMONA RUANO.

Aunque no se haya podido identificar a los autores que emitieron correos injuriosos por pertenecer la dirección IP a una entidad que ofrece servicios de conexión pública a Internet, no procede el sobreseimiento si hay indicios de delito 
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ANTECEDENTES DE HECHO
D. Cristobal presentó denuncia relativa a la difusión de injurias y calumnias contra él y contra la empresa en la que trabaj a través de determinadas direcciones de internet.
El Juzgado de Instrucción al que correspondió acordó practicar diligencias previas, en las que el denunciante se mostró parte y designó al procurador D. Manuel Rincón Rodríguez para que le representara y al abogado D. Manuel Pantoja Molina para su defensa.
El Juzgado, una vez practicadas las actuaciones que estimó necesarias acordó el 14 de mayo de 2004 el sobreseimiento provisional.
El denunciante presentó contra este auto recurso de reforma, en el que solicitaba que se continuara la investigación mediante una comisión rogatoria a los EE.UU.
El recurso de reforma, al que se opuso el Fiscal, ha sido desestimado por auto de 30 de junio de 2004 y contra éste se presenta recurso de apelación, con similares pretensiones.
El Fiscal solicita que se confirme la resolución impugnada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La decisión de sobreseimiento se funda en que, al pertenecer la dirección IP desde la que se habían emitido los correos injuriosos a una entidad que ofrece servicios de conexión pública a internet no ha sido posible identificar a las personas que pudieran utilizarla para enviar los mensajes.
Se guarda silencio, sin embargo, tanto en el auto de sobreseimiento como en le que desestima la reforma, qué es lo que impide investigar quién es el creador y usuario de la página web en la que se insertan igualmente contenidos injuriosos y en la que se ha publicado, según se dice en la denuncia, las direcciones que se encuentran en la libreta de direcciones del denunciante; ni siquiera se ha incorporado a las actuaciones el contenido de esta página. Tampoco se menciona qué es lo que impediría acordar medidas de protección conforme ordena el art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Tratando de ir más allá de este silencio, el único inconveniente que pudiera aducirse para no completar la investigación y adoptar medidas de protección sería el de su relativa complejidad, al tratarse de un servidor ubicado fuera de España. Pero existen normas legales y procedimientos, tanto en los Tratados y Acuerdos internacionales de asistencia judicial en materia penal que permitirían superar los posibles obstáculos: p.ej, en este caso, el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Matera P
enal entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Washington el 20 de noviembre de 1990, así como en el Acuerdo de Asistencia Judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, de 25 de junio de 2003, en cuanto a la petición de asistencia judicial, como, en lo que respecta a las posibles medidas de protección, en la Ley 34/2002, de 1 de julio , de servicios de la sociedad de la información y del comercio electr

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