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AP Barcelona, Sec. 3.ª, 681/2010, de 13 de septiembre

SP/AUTRJ/528113

Recurso 631/2010. Ponente: FERNANDO JERONIMO VALLE ESQUES.

El robo de un móvil es un delito menor que no justifica las medidas de investigación solicitadas con la finalidad de saber quién está utilizando el terminal 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el Expediente (Pieza Separada) nº 161/10 del Juzgado de Menores nº 1 de Barcelona, se dictó auto el día 19 de abril de 2010 cuya parte dispositiva dice lo siguiente: "Acuerdo: denegar la autorización de las diligencias de intervenciones telefónicas que se solicitan".
SEGUNDO.- Contra dicho auto, el Ministerio Fiscal interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación, siendo desestimado el primero de ellos por auto de 12 de julio de 2010 . Admitida a trámite la apelación subsidiariamente interpuesta se tramitó conforme a derecho, elevándose el testimonio de la Pieza a esta Audiencia Provincial para su resolución.
TERCERO.- Recibido el testimonio de la Pieza Separada en esta Sección Tercera de la Audiencia el pasado 31 de agosto , a la que corresponde el conocimiento de los recursos procedentes de los Juzgados de Menores, se dictó diligencia de ordenación incoando este Rollo de Apelación. Conforme al turno de reparto previamente establecido se me nombró magistrado ponente, habiéndose procedido en el día de la fecha a la deliberación del recurso que se resuelve a través de este auto.
Ha sido ponente el magistrado D. FERNANDO VALLE ESQUÉS, que en la presente resolución expresa el criterio unánime del tribunal.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- El Ministerio Fiscal había solicitado del Juzgado de Menores, en el marco de su Expediente nº 900/10 -AA, incoado por la presunta comisión de un delito de robo con violencia, que se le concediera a la Policía Judicial un mandamiento dirigido a las diversas compañías de telefonía móvil para averiguar, en relación al móvil sustraído, toda una serie de datos que cita en su escrito.
Dicha petición fue desestimada por auto de 19 de abril de 2010 del Juzgado de Menores , la cual se ratificó por el posterior auto de 12 de julio de 2010 , que desestima el recurso de reforma previamente interpuesto contra el anterior.
Al respecto debemos señalar que es cierto que el Ministerio Fiscal venía solicitando por sí mismo de las diferentes operadoras de comunicación, sin necesidad de acudir a la autoridad judicial, los datos que afectaban a quién usaba un determinado número de teléfono, un número IP, o las relaciones de llamadas; pero por Acuerdo de la Sala de lo Penal del TS de fecha 23/02/2010 , resulta necesaria esa autorización judicial para que las operadoras que prestan servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación, cedan los datos generados o tratados con tal motivo. De ahí que el Ministerio Fiscal haya efectuado esa solicitud y, al serle denegada, la recurra ahora en apelación.
Dicho lo que antecede, no está de más recordar q
ue el TC (SS. nº 146/1990 y 171/2002 ) viene admitiendo la motivación por remisión o aliunde, porque la misma permite conocer las razones en las que se ha basado la decisión judicial, satisfaciéndose con ello la exigencia contenida en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva; como así también lo ha manifestado el TS en sentencias de fecha 29-12-00, 25-6-07 y 14-4-09 , entre otras. Y traemos a colación dicha doctrina porque en esta alz

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