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AP Pontevedra, Sec. 2.ª, 363/2010, de 30 de septiembre

SP/AUTRJ/532801

Recurso 1/2010. Ponente: MARIA DEL ROSARIO CIMADEVILA CEA.

El delito de estafa se comete en todos los lugares en los que se ha desarrollado el engaño o desplazamiento patrimonial y en el que se ha producido el perjuicio patrimonial 
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Es competente el Juzgado de donde se produjo el perjuicio patrimonial, que coincide con el lugar en el que fueron descubiertas las primeras pruebas del delito 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se han recibido en este Órgano Judicial Testimonio de Particulares de las diligencias previas proc. abreviado núm. 282/2009 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de O Porriño, dictando Auto de fecha 26 de mayo de 2010 acordando declarar la competencia territorial de este juzgado para la instrucción de la presente causa.
SEGUNDO.- Contra dicha resolución el Procurador Sr. Javier Varela González en nombre y representación de Miriam interpuso recurso de reforma, el cual fue desestimado por auto de fecha 28 de junio de 2010 , formulando posteriormente recurso de apelación, el cual fue admitido, remitiendo el testimonio de particulares para su resolución.
Expone el parecer de Sala la Magistrada Ponente Dª Rosario Cimadevila Cea.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Recurre la representación y defensa del imputado el auto del instructor de fecha 28-06-2010 que rechazando su pretensión de que se inhiba a favor del Juzgado Decano de los de Carballo, mantiene la declaración de competencia territorial para la investigación de los hechos, de los Juzgados de Porriño.
Los hechos que se investigan en principio, al margen de la ulterior calificación pueden incardinarse como posible delito de estafa, lo que nos sitúa en el ámbito ordinario del artículo 14.2 de la LECr .
El auto apelado nada expone acerca de la presunta dinámica comisiva de los hechos, pero a la luz de la denuncia, los elementos del delito, engaño, desplazamiento patrimonial y perjuicio, podrían haberse producido en distintos partidos judiciales, considerando el recurrente que es lugar de comisión del delito aquél lugar en que se creó el aval falso utilizado para engañar a la querellante; esto es, el domicilio de quien actuó como apoderada de la mercantil querellada, en Neaño-Carballo.
La entrega de la mercancía por la querellante vendedora y que resultó impagada se hizo al parecer en distintos lugares, entre ellos en unas obras sitas en partido judicial de Santiago de Compostela; nada se dice del lugar en que habrían sido expedidos los "contratos" de suministro o venta de materiales celebrados entre denunciante y denunciada que son los que marcan el momento y lugar en que habría tenido lugar la ejecuc
ión del acto engañoso y parece lógico pensar que lo hubieran sido en la sede o domicilio social de la empresa vendedora Galaica de Morteros SL sito en el partido judicial de Porriño.La solución acogida por la instructora conforme a la teoría de la ubicuidad, requiere la existencia de dos o más órganos jurisdiccionales territorialmente competentes para investigar los hechos, por haberse realizado en sus respectivos

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