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Jurisprudencia Comentada. Septiembre 2005

SP/DOCT/2640

Escuchas telefónicas autorizadas sin auto motivado y prorrogadas sin efectivo control judicial: ilicitud probatoria y absolución de los acusados

Eduardo de Urbano Castrillo Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

Comentario
Hechos
 
Revoca el Tribunal Supremo la sentencia condenatoria de la Audiencia, al considerar que no se ha producido prueba válida ante las deficiencias observadas en materia de motivación del auto autorizante de unas intervenciones telefónicas y de su prórroga durante meses, efectuada sin control judicial.
A consecuencia de dicha decisión, se deja sin efecto la condena por delito de tráfico de drogas de los recurrentes, de nueve años cada uno de prisión y multas respectivas de cinco millones quinientos mil euros, declarándose su absolución.
 
Doctrina
 
En materia de restricción de derechos fundamentales, no caben interpretaciones favorables a aquélla, debiendo cumplirse de modo efectivo las garantías constitucionales y procesales establecidas por la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
  
Observaciones
 
A pesar de la gravedad de las consecuencias de la sentencia, la absolución de tres personas condenadas por narcotráfico a elevadas penas, con base en las diversas pruebas obrantes en su contra, la Sala Segunda del Tribunal Supremo cumpliendo con sus obligaciones de juez máximo e imparcial en la jurisdicción penal, y obligado aplicador de la doctrina del Tribunal Constitucional, supremo intérprete en materia de derechos y libertades fundamentales (art. 5.1 LOPJ), revoca una condena basada en la obtención ilícita de pruebas.
La idea común de las infracciones detectadas es que no es admisible una realización rutinaria y automática de los controles que exige la normativa constitucional, al garante ordinario de los derechos y libertades fundamentales, que no es otro que el juez competente del caso.
En efecto, la motivación de los autos habilitadores de la restricción de derechos fundamentales debe ser real y específica del caso, sin que valgan motivaciones circulares o tautológicas que no aporten ningún elemento supletorio sobre los datos que aporte la Policía, por definición simples sospechas.
Y lo mismo respecto a la prórroga de las intervenciones telefónicas, que a veces se prolongan durante meses y meses, sin el menor control judicial real y efectivo del material obrante, el cual es presupuesto inexcusable para habilitar la prórroga correspondiente, la cual se debe basar en la justi
ficación de su necesidad, a la vista de la marcha de las mismas y del resto de actuaciones policiales que se vengan realizando. Por eso resulta censurable, por ilícita, la práctica denominada de «fe ciega» o «acto de fe» en la tarea policial, cuando de lo que sus agentes proporcionan al instructor no se desprende la existencia de base suficiente para justificar la continuidad de tal invasión de derechos fundamental

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