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AN, Sala de lo Penal, Sec. 4.ª, 10/2010, de 12 de febrero

SP/SENT/504590

Recurso 44/2008. Ponente: ANGELA MARIA MURILLO BORDALLO.

De la prueba testifical así como de las intervenciones telefónicas se confirma que el acusado cometió un delito de tráfico de drogas agravado por la notoria importancia de las cantidades de droga 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 8 de agosto de 2001 por el Juzgado Central de Instrucción nº1 se incoaron las diligencias previas nº190/2000 en base a oficio dirigido a dicho Juzgado procedente de la Dirección General de la Policía dando cuenta de la notificación oficial de Enlace de Israel en París en la que se daba cuenta de la presunta comisión de delitos contra la salud pública entre España y aquel país, señalando los numerosos indicios en los que se apoyaba, e instando la intervención de diversos aparatos telefónicos, realizándose una profusa labor investigatoria y librándose diversas comisiones rogatorias.
SEGUNDO.- Por auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº1 de fecha 1 de septiembre de 2006 , se declararon procesadas a las siguientes personas: Borja , Pablo , Gerardo , Maximo , Estibaliz y Jose Francisco , a los cuales se les recibió las correspondientes declaraciones indagatorias.
TERCERO.- Por auto de 16 de junio de 2008, el Juzgado Central de Instrucción nº1 dictó auto de conclusión del Sumario, encontrándose en ese momento Borja e Maximo en ignorado paradero, en tanto que Jose Francisco había sido expulsado del territorio nacional, según había acordado la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de La Coruña, en Sentencia nº30, de 28 de septiembre de 2005 .
CUARTO.- Los coprocesados Gerardo , de nacionalidad israelí y la italiana Estibaliz , fueron enjuiciados en los días 27, 28 y 29 de abril 2009, no así
el procesado Pablo , al no comparecer al acto del plenario, aunque previamente estaba a disposición de este Tribunal; y por sentencia de fecha 6 de mayo 2009 , resultó absuelto libremente el referido Gerardo , mientras Estibaliz fue condenada como responsable en concepto de cómplice de un delito contra la salud pública a la pena de nueve meses de prisión y multa de 100.000€.Tal resolución adquirió firmeza por

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