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TS, Sala Segunda, de lo Penal, 1106/2004, de 22 de octubre

SP/SENT/63446

Recurso 406/2003. Ponente: CARLOS GRANADOS PEREZ.

Las prórrogas y demás intervenciones acordadas se han cumplimentado con acatamiento de mandato judicial, estando a disposición de las partes como garantía del principio de contradicción 
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Existiendo orden internacional de busca y captura, las consecuencias propias de un hecho de marcada singularidad al arribar a España no pueden ser otros que los ejecutados 
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Cumpliendo la legislación ordinaria en la práctica del registro estuvieron presentes los titulares de la vivienda y el Secretario Judicial 
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ANTECEDENTES DE HECHO
1.- El Juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional instruyó Sumario con el número 5/2000 y una vez concluso fue elevado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, con fecha 27 de noviembre de 2002, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "La presente causa es el resultado de dos investigaciones policiales convergentes, a saber, en primer término la iniciada por la Brigada de Investigación de la Unidad Central de Estupefacientes (en lo sucesivo, UCE), que, inicialmente en el marco de las Diligencias Previas 72/1998 del Juzgado Central de Instrucción nº 5, condujo a la intervención judicial de los teléfonos 91.858.23.97, 91-856.52.97 y 91-858.05.18, pertenecientes a la empresa ASEI-inmobiliaria S.L. en Galapagar (Madrid), calle Montecillo 16, que tenía otra sede en Collado Villalba, calle Real 34, el móvil NUM000 perteneciente a Fidel y el NUM001 del chalet sito en DIRECCION000 nº NUM002 de la Urbanización Los Morales de Moralzarzal, que figuraba a nombre de su compañera sentimental Maribel , diligencias de las que más tarde se desglosaron las actuaciones que encabezan este proceso, y en segundo lugar, la indagación acometida por la Brigada de Investigación de delitos Monetarios (en adelante, BDM), que a través de oficio de 16 de octubre de 1998 puso en conocimiento de dicho Juzgado una serie de operaciones económicas a las que nos referimos.- La prueba practicada demuestra la existencia de un grupo estructurado de personas dedicado a la venta de grande
s cantidades de cocaína y dotada de una sub-red que se ocupaba de transformar los ingresos obtenidos.El procesado Pedro es un ciudadano de nacionalidad colombiana, mayor de edad y ejecutoriamente condenado en sentencia 79/1990, de 7 de abril, dictada la Sección Decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid, por un delito contra la salud pública, a la pena de 8 años y un día de prisión mayor y multa de ciento u

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