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TC, Pleno, 265/2007, de 20 de diciembre

SP/SENT/148583

Ponente: Eugeni Gay Montalvo.

Extinción del proceso de inconstitucionalidad por desaparición de objeto: el art. 11.2 de la LO 4/2000 ya fue declarado inconstitucional y nulo previamente, por condicionar el derecho de huelga a la obtención de autorización de estancia o residencia 
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Respecto del derecho a sindicarse libremente (arts. 7.1, 8 y 11.1 LO 4/2000), una sentencia previa declaraba su inconstitucionalidad pero no su nulidad por lo que el proceso mantiene su objeto, procediendo declarar su inconstitucionalidad sin nulidad 
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ANTECEDENTES DE HECHO
 
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 22 de marzo de 2001 el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en la representación que legalmente ostenta del Consejo de Gobierno de esa Comunidad Autónoma, interpone recurso de inconstitucionalidad contra el art. 1, apartados 5, 6, 9 y 16 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
La impugnación se fundamenta en los motivos de los que seguidamente, de forma sucinta, se deja constancia:
a) Tras el desarrollo de fundamentos de orden procesal, el recurrente comienza su alegato sustantivo exponiendo el régimen jurídico previsto constitucionalmente en relación con los derechos fundamentales y libertades públicas de los extranjeros en España, señalando que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, los mismos están dotados de la protección constitucional, siendo, en cuanto a su contenido, derechos de configuración legal. En relación con ello indica que el legislador no goza de una libertad absoluta para llevar a cabo su tarea de conformación legislativa, pues no puede restringir su ámbito hasta el punto de hacer impracticable su ejercicio para quienes no sean españoles, ya que la titularidad de los derechos está ligada a las personas y no a las situaciones administ
rativas en las que se puedan encontrar, sino que, por el contrario, la configuración legal de los derechos y libertades de los extranjeros ha de respetar las prescripciones constitucionales que regulan su ejercicio y el contenido esencial que los haga reconocibles. Junto a ello el legislador ha de respetar, por expreso mandato del art. 10.2 CE, los limites que se deriven de los tratados internacionales en la materia ratificados por el Estado espa

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