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TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 366/2008, de 28 de mayo

SP/SENT/165659

Recurso 332/2007. Ponente: FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.

No cabe tomar medidas cautelares de expulsión cuando existe arraigo al territorio Español, se trata de un daño de difícil reparación 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva dice: "Rexeita-la petición de suspensión".
SEGUNDO.- Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
SE ACEPTAN los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, y
PRIMERO.- Se alza la ciudadana argentina doña Estela frente al auto, dictado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 3 de A Coruña denegatorio de la suspensión de la resolución de 10 de noviembre de 2006 de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña por la que se acordó la expulsión del territorio nacional por estancia irregular (artículo 53.a de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre ).
SEGUNDO.- Tal como se desprende del artículo 130 de la Ley jurisdiccional, a la hora de resolver en este proceso cautelar hay que efectuar una valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, lo cual exige ponderar, no sólo el interés particular del recurrente en poder permanecer en nuestro país sino también el interés general representado por el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España (Tratado de Schengen) que le obliga a vigilar el acatamiento a la normativa de extranjería, impidiendo que permanezca en nuestro país quien no cumple las condiciones que la legalidad exige.
Según la doctrina jurisprudencial (autos TS de 22 de julio, 30 de septiembre y 19 de diciembre de 2000, y 24 de febrero de 2001), aparte el carácter excepcional de la suspensión (auto
de 9 de marzo de 2001 del Tribunal Supremo ), los perjuicios que tendrían que concurrir para reputarlos irreparables y servir para motivar la estimación de la medida, tendrían que suponer una agravación de los que son consustanciales a la ejecución de todo acto administrativo (autos TS de 13 de enero y 18 de marzo de 2002), y en concreto en materia de medidas cautelares referidas a expulsión de extranjeros y abandono del territorio nacional, la

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