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TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 7.ª, 2590/2007, de 15 de noviembre

SP/SENT/168880

Recurso 563/2007. Ponente: JOSE LUIS AULET BARROS.

La medida cautelar de suspensión de la sanción de expulsión se funda en la apariencia de buen derecho aportado con los documentos de escolaridad de los nietos de la apelada 
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 31 de mayo de 2007, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 25 de esta Villa dictó auto en el Procedimiento 217/2007 en cuya parte dispositiva se dice que se adopta la medida cautelar solicitada y se acuerda suspender la ejecución de la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid de 9 de enero de 2007, que decretaba la expulsión del territorio nacional de la mencionada extranjera y la prohibición de entrada, hasta que se resuelva el fondo del recurso.
Segundo.- Notificada que fue la anterior resolución a las partes, por la Abogacía del Estado se interpuso recurso de apelación que, tras ser admitido a trámite, se substanció según las prescripciones legales ante el Juzgado de que se viene haciendo mención, el cual elevó, en su momento, las actuaciones a esta Sala.
Tercero.- Recibidas las actuaciones en esta Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y personadas las partes, se formó rollo de apelación y se procedió en su debido momento a señalar fecha para la votación y fallo del recurso, que se celebró en el día de ayer.
Ha sido ponente el magistrado Ilmo. Sr. D. José Luis Aulet Barros, quien expresa el parecer de la Sección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El apelante pretende la revocación del referido auto por estimar que es contraria a Derecho, alegando en apoyo de su pretensión y en esencia, que debe aplicarse la regla general de ejecutividad de los actos administrativos, ya que en el caso presente no se ha justificado que la parte recurrente tenga arraigo en España o se encuentra en alguna situación que aconseje suspender el acuerdo de expulsión.
La apelada solicitó que se confirme el auto objeto de esta instancia.
SEGUNDO.- Como bien dice el auto apelado, el juez de lo contencioso-administrativo debe atender, cuando se enfrenta con una solicitud de suspensión de un acto administrativo, al complejo de intereses que representan la Administración , el recurrente y los terceros que puedan verse afectados. El juez, por lo tanto, deberá tomar en consideración tanto los intereses públicos como los privados, como el "periculum in mora" que puede hacer irreversible una situación.
En el caso de autos, hemos de estar de acuerdo con la suspensión acordada, confirmando el auto y haciendo nuestros los acertados razonamientos jurídicos del mismo.
El principio de ejecutoriedad de los actos administrativos viene establecido en el art. 94 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común (principio que solo cede cuando se acuerde la suspensión según el art. 129 ss. de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso - administrativa, que ha de entenderse como una excepción a la regla general). Ello ha sido destacado por abundante doctrina y la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales. Así, la sentencia del Constitucional 22/1984, de 17 de febrero . Pero en el caso de autos, la parte recurrente

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