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AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 2.ª, de 10 de junio de 2008

SP/SENT/168909

Recurso 23/2008. Ponente: CARLOS LESMES SERRANO.

No se estima la medida cautelar de suspensión de la resolución administrativa ya que la recurrente no concreta las circunstancias que producirían un riesgo grave para su vida e integridad física de no adoptarse la medida solicitada 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante Auto de fecha 10 de diciembre de 2007, el Juzgado Central nº 10 de lo Contencioso-Administrativo decretó no haber lugar a la adopción de la medida cautelar solicitada por la Abogada Doña Fátima Moreno Álvarez, en nombre y representación de Don Jorge, por no concurrir los presupuestos para su adopción.
SEGUNDO.- Contra dicha resolución, por escrito presentado por la Abogada doña Fátima Monreno Álvarez el 15 de enero de 2008 se interpuso Recurso de Apelación ante esta Sala, en el que, en síntesis, alegaba como motivos de impugnación:
a) La infracción de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el artículo 24.1 de la Constitución que tiene establecido que la tutela judicial efectiva no es tal sin las medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso.
b) La infracción de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre el artículo 129.2 y 130.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .
c) La infracción de la Ley 5/1984, Reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de Refugiado en su redacción originaria.
d) La infracción del artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificada por España el 19 de noviembre de 1987.Dicho artículo que ningún est
ado parte expulsará, devolverá o extraditará a una persona hacia otro estado donde existan serios motivos para creer que corre el riesgo de ser sometida a tortura.Finaliza el recurso instando la revocación del Auto apelado, con declaración de haber lugar a la suspensión de la ejecución del Acto administrativo impugnado.TERCERO.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al

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