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TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 2.ª, 191/2008, de 29 de febrero

SP/SENT/168913

Recurso 56/2005. Ponente: NURIA CLERIES NERIN.

La falta de cualquier autorización o permiso del extranjero en territorio nacional es motivo suficiente para imponerle la sanción de expulsión, en vez de multa, con el objeto de reestablecer el ordenamiento jurídico vulnerado 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Barcelona, dictó en el recurso contencioso-administrativo nº 356/04-A, la sentencia nº 217 de fecha 9 de noviembre de 2004 , cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "1º Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.
2º No hacer condena en costas.".
SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal previo emplazamiento de las partes, siendo parte apelante el Leticia, y apelada SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA.
TERCERO.- Desarrollada la apelación se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 13 de febrero de 2008.
CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En fecha 9 de noviembre de 2004 el Juzgado de lo contencioso núm.3 de Barcelona dicto sentencia desestimando el recurso formulado, por la ciudadana de nacionalidad boliviana Leticia, contra la resolución dictada por la Subdelegación del gobierno de fecha 26 de mayo de 2004, por la que se acuerda la expulsión de territorio nacional y prohibición de entrada por un período de cuatro años, al apreciar que esta cometió la infracción prevista en el articulo 53.a) de la LO 4/2000 .
Frente a los detallados argumentos de la sentencia, la apelación insiste en la falta de motivación suficiente sobre la razón por la cual la administración impone la sanción de expulsión en lugar de la multa, cuando tal cuestión ya viene argumentada en la sentencia apelada, cuyos razonamientos son los que esta misma Sala y Sección ha venido reiterando en anteriores sentencias.
La infracción por la cual la administración sanciona es la tipificada en el articulo 53.a) de la LO 4/2000, reformada por la LO 8/2000 , que contempla como infracción grave "Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente".
En el supuesto que el inf
ractor sea extranjero, el artículo 57.1 dispone que "podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo". Por tanto, la Ley establece como sanción la multa, pero si la persona infractora es extranjera, la posibilidad (la norma dice "podrá") de acordar la expulsión. El legislador no ha configurado por tanto la expulsión como una sanción reservada

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