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TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 9.ª, 699/2008, de 14 de mayo

SP/SENT/170351

Recurso 959/2007. Ponente: JOSE LUIS QUESADA VAREA.

Procede la suspensión cautelar de la ejecución del acto por el que se acuerda la expulsión cuando existe procedimiento de regularización pendiente o arraigo familiar, social o económico 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En la pieza de referencia, el día 9 de octubre de 2007 se dictó Auto cuya parte dispositiva dice: «Acuerda: Denegar la suspensión de la ejecución de la resolución del Delegado del Gobierno en Madrid de fecha 11-04-2007, por que se decreta la expulsión del territorio español del recurrente. Sin costas».
SEGUNDO.- Contra dicha resolución, el Letrado D. José Antonio Pérez Andrés, en la expresada representación, interpuso recurso de apelación en el que solicitaba la revocación de la resolución recurrida.
TERCERO.- El Abogado del Estado solicitó la confirmación de la resolución recurrida.
CUARTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 30 de abril de 2008, en que tuvo lugar.
QUINTO.- En la tramitación de esta segunda instancia se han observado las prescripciones legales.
Es ponente el Magistrado D. José Luis Quesada Varea.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Impugna el recurrente el Auto de la Juez de instancia por el que denegó la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido, en el que se acordaba la expulsión del territorio nacional de aquél.
Las alegaciones de la parte apelante se fundamentan en la existencia de una situación de arraigo, que intenta acreditar mediante la aportación de los permisos de residencia de los padres del litigante y sus contratos de trabajo, así como la solicitud de autorización de residencia y el contrato de trabajo suscrito a tales efectos.
SEGUNDO.- La exigencia del arraigo familiar, social o económico del extranjero expulsado viene constituyendo un presupuesto para la suspensión cautelar de la ejecución del acto administrativo. Así lo recoge una copiosa jurisprudencia que tiene como muestra las SSTS. de 16-1-2001, 23-1-2001, 15-11-2001, 14-3-2002, 18-3-2002, 16-7-2002, 24-11-2004, 4-11-2005 y muchas otras). El fundamento de esta exigencia estriba en la ausencia del elemento del «periculum in mora», perjuicio irreparable o pérdida de legítima finalidad del recurso, por la mera salida del territorio nacional, «salvo que concurran circunstancias específicas que así lo determinen, como sería la de tener procedimiento de regularización pendiente o supuestos de arraigo», aquí inexistentes, pues entonces «la suspensión vendría automáticamente determinada por la simple solicitud o la interposición del recurs
o, lo que, evidentemente, no es el propósito del legislador» (STS 14-3-2002 , ya citada).En el supuesto de autos las afirmaciones del recurrente acerca de los elementos constitutivos de la situación de arraigo están desasistidas de toda prueba, con excepción de la residencia legal en España de quien dice ser sus padres. Ahora bien, el mero hecho de la estancia en el país de familiares

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