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TSJ Castilla y León, Burgos, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 105/2008, de 22 de febrero

SP/SENT/170434

Recurso 204/2007. Ponente: MARIA BEGOÑA GONZALEZ GARCIA.

El arraigo de un extranjero en territorio español es causa de suspensión de la ejecutividad de una orden de expulsión 
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La medida cautelar de suspensión de una orden de expulsión debe modularse en cada caso concreto en razón de las circunstancias del sujeto expulsado 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila en el Procedimiento Abreviado 276/2007, Pieza de Medidas Cautelares se dictó auto con fecha doce de septiembre de dos mil siete por el que se deniega la medida de suspensión de la resolución impugnada de la Subdelegación de Gobierno en Soria de dieciocho de junio de dos mil siete por la que se acuerda la orden de expulsión del territorio nacional por un periodo de diez años.
SEGUNDO.- Que contra dicha resolución por la representación procesal de la parte recurrente Doña Natalia se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y remitidos los autos a esta Sala, se señaló para votación y fallo el día veintiuno de febrero de dos mil ocho.
TERCERO.- En la tramitación del recurso en ambas instancias se han observado las prescripciones legales.
Habiéndose designado Magistrado Ponente del presente recurso de Apelación a Doña María Begoña González García.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto del presente recurso jurisdiccional la resolución de la Subdelegación de Gobierno en Ávila de dieciocho de junio de dos mil siete por la que se acuerda la orden de expulsión del territorio nacional por un periodo de diez años, de la recurrente como responsable de la infracción calificada como grave en los artículos 53 a) y 57.2 de la LO 4/2000 modificada por la LO 8/2000 con prohibición de entrada en territorio español por un periodo de diez años.
Interesando el apelante la suspensión de dicha medida de la obligación de abandonar el territorio nacional, lo que fue denegado por el Auto ahora apelado e invocando en apoyo de sus pretensiones impugnatorias de la referida resolución y por tanto la procedencia de la medida interesada, tras reseñar los fundamentos del Auto recurrido se alega que la resolución impugnada infringe la doctrina legal sobre la materia y por tanto procede su revocación, ya que es evidente que la ejecutividad del acto administrativo haría perder la finalidad legitima del recurso, y que en el presente caso no se produce por la suspensión perturbación grave al interés general, chocando la decisión administrativo de expulsión con lo acordado por el Juez de lo Penal no accediendo a la sustitución de las penas privativas de libertad impuestas a la recurrente y finalmente respecto al arraigo se ha aportado un principio de prueba respecto al arraigo en España, y ello unido a la circunstancia relevante de que la recurrente no tiene vínculos fam
iliares en su país de origen ya que los certificados de empadronamiento acreditan que su único hermano también reside en España por lo que en definitiva de todo ello se deduce la existencia de perjuicios de muy difícil o imposible reparación, sin que la suspensión afecte negativamente a los intereses públicos, por lo que se termina solicitando que se dicte resolución por la que se declare la procedencia de adoptar la medida cautelar de suspensión

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