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TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 467/2008, de 2 de julio

SP/SENT/170509

Recurso 67/2008. Ponente: FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.

La sanción de expulsión no es una medida desproporcionada por cuanto se encontraba en nuestro país de manera ilegal, a lo que hay que añadir que no realizó gestión alguna para regularizar su situación durante el tiempo que estuvo en este país 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva dice: "desestimando recurso contencioso-administrativo interpuesto por el letrado D. José Santiago Cons Mella, en representación de doña Beatriz frente a resolución de fecha 22 de noviembre de 2006, del Subdelegado del Gobierno en Pontevedra por la que se acuerda la expulsión del demandante del territorio nacional con la prohibición expresa de entrada en el mismo durante un período de tres años; sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes".
SEGUNDO.- Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
SE ACEPTAN los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, y
PRIMERO.- Habiendo interpuesto en su día doña Beatriz recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 22 de noviembre de 2006 de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por la que se acordó la expulsión de la recurrente del territorio nacional con prohibición de entrada durante tres años por la comisión de la infracciones graves previstas en el artículo 53.a y b de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre y por la Ley Orgánica 14/2003, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Pontevedra lo desestimó, contra cuya sentencia interpone la actora el presente recurso de apelación.
SEGUNDO.- Debido a que en el recurso de apelación se alegan una serie de irregularidades de carácter formal en el procedimiento que, en su opinión, integran los motivos de nulidad del artículo 62.1 apartados a) y e), invocando expresamente la violación del derecho a tener un proceso justo y a poder ejercitar los derechos de defensa recogidos en el artículo 24 de la Constitución española, el análisis ha de iniciarse por tales aspectos.
La primera de dichas irregularidades que se denuncian es la vulneración del artículo 131.4 del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de la Le
y Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, según el cual "Si el interesado o su representante formulasen alegaciones y realizaran proposición de prueba dentro del plazo establecido, el órgano instructor valorará la pertinencia o no de aquélla. Si no se admitiesen las pruebas propuestas, por improcedentes o innecesarias, se le notificará al interesado de forma motivada y se

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