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TSJ Castilla y León, Burgos, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 168/2008, de 25 de abril

SP/SENT/170531

Recurso 4/2008. Ponente: JOSE MATIAS ALONSO MILLAN.

La adopción de medidas cautelares exige ponderar la ejecución del acto con la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO- Que por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 1 de Soria en pieza separada de medidas cautelares de Procedimiento Abreviado número 223/07, se dictó auto cuya parte dispositiva dice: "El levantamiento de la suspensión cautelar acordada con carácter provisional por Auto de fecha 23 de octubre de 2007 respecto a la Orden de expulsión de la recurrente adoptada por la Subdelegación del Gobierno en Soria con fecha 7 de septiembre de 2007".
SEGUNDO- Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y remitidos los autos a esta Sala, se señaló para votación y fallo el día 24 de abril de 2008 .
TERCERO- En la tramitación del presente recurso de apelación se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la parte recurrente se apeló la sentencia porque entiende que es contraria al ordenamiento jurídico en base a las siguientes alegaciones:
1.-Se infringen los artículos 129 y siguiente es de la Ley 29/98 . La adopción de medidas debe realizarse "previa valoración de todos los intereses en conflicto" y siempre que la ejecución del acto o por la aplicación del acto o disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. Se supera así el concepto antiguo de que el recurso pudiera causar daños de imposible o muy difícil reparación, como elemento justificativo de la decisión de suspensión. Desde esta perspectiva, en la adopción de medidas cautelares debe situarse en el entorno más amplio que permite valorar todos los intereses en concreto, considerando los presupuestos que para la adopción de cualquier medida cautelar establece el artículo 130 de la Ley 29/98 .
2.-El Auto recurrido se basa, entre otras cosas, en que la aquí apelante no tiene domicilio conocido, cuando no es cierto, pues consta su empadronamiento y consta domiciliada en la CALLE000 núm. NUM000, y si en un primer momento se facilitó la dirección del Centro de Internamiento de Extranjeros en Madrid fue a los solos efectos de que el Juzgado pudiera llevar a cabo las notificaciones y comunicaciones que estimara pertinentes, habida cuenta de que en aquel momento no tenía la recurrente designado todavía procurador que ostentase su representación. Además consta ar
raigo, por cuanto que la recurrente ha observado un buen comportamiento y se ha integrado en la comunidad, siendo su único propósito de buscar condiciones mejores de vida para sus hijas, a través del trabajo, acudiendo inmediatamente a su llegada a Caritas Diocesanas, y como pone de manifiesto el certificado del Director de Caritas Diocesana de Osma-Soria.3.-La Resolución dictada por la Subdelegación del Gobierno e

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