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TSJ Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 2.ª, 74/2008, de 29 de abril

SP/SENT/172053

Recurso 390/2007. Ponente: CESAR JOSE GARCIA OTERO.

El procedimiento de normalización de la L.O 4/00 exige como requisito el certificado de empadronamiento que la recurrente no aportó, por lo que su solicitud se considera falta de fundamento 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo, del que dimana el presente rollo de apelación, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de los de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia en fecha 5 de septiembre de 2.007 , cuya parte dispositiva, literalmente dice: " Que estimando parcialmente el recurso presentado por la Procuradora Dña Palmira Cañete Abengoechea, en nombre y representación de Dña Gloria, se declara la nulidad de la resolución impugnada, dejándola sin efecto, ordenando a la Administración que retrotraiga las actuaciones al momento anterior a fin de resolver expresamente sobre la petición formulada, tomando en consideración la documentación aportada por el recurrente, sin realizar pronunciamiento condenatorio sobre costas procesales".
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por el Abogado del Estado, en representación de la Administración del Estado, del que se dio traslado a la parte actora, que lo impugnó.-
TERCERO .- Elevadas las actuaciones a esta Sala, se formó rollo de apelación ( registrado con el nº 390/07 ), continuando por sus trámites, con señalamiento del 25 de abril del año en curso para deliberación, votación y fallo.-
Fue ponente el Ilmo Sr Magistrado don César José García Otero,que expresa el parecer unánime de la Sala.-
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El objeto del recurso contencioso-administrativo fue la pretensión de nulidad de la resolución de la Subdelegación del Gobierno de Las Palmas, de 18 de mayo de 2.005, que denegó la solicitud de permiso de residencia y trabajo formulada a favor de Dña Gloria al amparo del proceso de normalización de la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 2393/2004 , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
La verdad es que los argumentos por los que la sentencia estima el recurso y declara la nulidad de la resolución administrativa, con retroacción de actuaciones para examinar los documentos aportados en el proceso, parecen a esta Sala contradictorios entre si, pues da la impresión que se anula aquella resolución por no haber motivado suficientemente la decisión de desestimación de la solicitud de regularización, si bien se alude también a defectos formales del acto indispensables para alcanzar su fin, con lo que resulta que la sentencia incurre en los mismos vicios que imputa a la Administración, pues nada explica sobre la deficiente motivación ni sobre esos supuestos defectos formales del procedimiento o del acto que le puso fin.
Frente a dicha sentencia, el recurso del Abogado del Estado, en representación de la Administración del Estado, insiste en que la resolución se dictó dentro del procedimiento previsto sin que
se detecte irregularidad alguna y sin que se haya producido indefensión material, y que dicha resolución se adoptó con los documentos del expediente, que son los mismos que los que luego se aportaron al proceso.SEGUNDO.- Lo cierto es que esta Sala no encuentra ningún defecto ni irregularidad a lo largo del procedimiento administrativo que pueda llevar a la declaración de nulidad de la resolución que le puso fin por

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