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TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 544/2008, de 23 de julio

SP/SENT/173486

Recurso 62/2008. Ponente: FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.

La sanción de expulsión al extranjero ilegal permite el control sobre el acceso y permanencia en el país, lo que no se conseguiría si se sustituyese por la sanción económica 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva dice: "desestimando recurso contencioso-administrativo interpuesto por la letrada doña María Salomé Cancela Romero, en representación de D. Cornelio, frente a resolución de fecha 27 de marzo de 2007 del Subdelegado del Gobierno en Pontevedra, por la que se acuerda la expulsión del demandante del territorio nacional con prohibición expresa de entrada en el mismo durante un período de cinco años; sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes".
SEGUNDO.- Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
SE ACEPTAN los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, y
PRIMERO.- Habiendo interpuesto en su día don Cornelio recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 27 de marzo de 2007 de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña por la que se acordó la expulsión de la recurrente del territorio nacional con prohibición de entrada durante cinco años por la comisión de la infracción grave prevista en el artículo 53.a de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de ener o, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembr e y por la Ley Orgánica 14/2003, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Pontevedra lo desestimó, contra cuya sentencia interpone el actor el presente recurso de apelación.
SEGUNDO.- El primer motivo en que se sustenta el recurso de apelación es la que se denomina errónea interpretación de los fundamentos fácticos y jurídicos alegados por el recurrente, que se concretan en el arraigo laboral que vincula al demandante con España en base a que desde que se encuentra en nuestro país (julio de 2006 según su declaración en el expediente) ha venido realizando distintos trabajos, sin que en ninguno de ellos se haya podido formalizar contrato alguno por razones ajenas a su voluntad, al ser contratado de modo ilegal y en precarias condiciones, siendo suficiente para su sustento y el de su familia en Senegal.

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