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TSJ Castilla y León, Burgos, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 217/2008, de 9 de mayo

SP/SENT/173524

Recurso 23/2008. Ponente: EUSEBIO REVILLA REVILLA.

La eventual posibilidad que tiene el administrado de acudir a la vía jurisdiccional no dispensa a la administración de su obligación de dar cumplimiento, en un procedimiento sancionador, a todos los trámites omitidos 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila en el procedimiento abreviado núm. 240/07 , se dictó sentencia de fecha 29 de noviembre de 2.007 por la que, desestimando el recurso interpuesto por D. Juan Miguel contra la resolución de fecha 29 de noviembre de 2.007 dictada por el Subdelegado del Gobierno en Ávila por la que se impone al anterior la sanción de expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en España por el período de cinco años, como responsable de la infracción calificada como grave en el art. 53.a) de la L.O. 4/2000 , se declara dicha resolución ajustada a derecho, y todo ello sin hacer expresa imposición de costas procesales a ninguna de las partes.
SEGUNDO.- Que contra dicha sentencia se interpuso por la actora, hoy apelante, recurso de apelación mediante escrito de fecha 8 de enero de 2.008, que fue admitido a trámite, solicitando que se dicte sentencia por la que, con expresa estimación del presente recurso de apelación y revocando la sentencia apelada, se estime la demanda y por ello
1º).- Se declare nula, se anule y se deje sin efecto la resolución de fecha 31 de agosto de 2.006, declarándola no ajustada a derecho al no ser los hechos constitutivos de infracción, o, subsidiariamente, se declare la caducidad del expediente sancionador.
2º).- Subsidiariamente, declare nula o se deje sin efecto la resolución de fecha 31 de agosto de 2.006, en el sentido de
que la sanción a imponer es la de multa de 301,00 €.3º).- Subsidiariamente de las anteriores, declare nula, se anule y deje sin efecto la resolución de fecha 31 de agosto de agosto de 2.006 en el sentido de que el plazo de prohibición de entrada sea de tres años.TERCERO.- De mencionado recurso se dio traslado a la Administración del Estado, hoy parte apelada, formulando escrito

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