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TSJ Castilla y León, Burgos, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 383/2008, de 18 de julio

SP/SENT/175842

Recurso 58/2008. Ponente: JOSE MATIAS ALONSO MILLAN.

Doctrina sobre el requisito de la capacidad económica del solicitante la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO- Que por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 2 de Burgos en el Procedimiento Abreviado número 256/07 , se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice: "Que desestimando la demanda interpuesta por doña María Cristina representada por el Letrado Sr. Pietropaulo Jiménez frente a resolución de 7 de junio de 2007 de Subdelegación de Gobierno, debo confirmar y confirmo dicha resolución, sin que haya lugar a las declaraciones solicitadas".
SEGUNDO- Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y remitidos los autos a esta Sala, se señaló para votación y fallo el día 17 de julio de 2008 .
TERCERO- En la tramitación del presente recurso de apelación se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la parte recurrente se apeló la sentencia porque entiende que es contraria al ordenamiento jurídico en base a las siguientes alegaciones:
1.-Que la señora María Cristina es de nacionalidad paraguaya y habita en territorio español permaneciendo en el mismo desde el año 2005. Es madre de una hija menor de nacionalidad española, con tarjeta sanitaria y número de afiliación a la seguridad social. Madre e hija constan en la actualidad empadronadas en Burgos en la CALLE000 número NUM000 .
2.-Que a la fecha de la presentación de la solicitud estaba en vigor el Real Decreto 178/03 sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados y la actora solicita que expresamente se le aplique el mencionado Real Decreto 178/03 . Es de aplicación igualmente lo dispuesto en la Directiva Comunitaria 90/364 y 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, así como los artículos 18, 19 y 14 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 1/96, e igualmente el art. 154 del Código Civil en conexión con el artículo 39 de la Constitución. Todo ello conforme a lo recogido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia de 19 de octubre de 2004 .
3.-Además la Administración vulnera, no sólo los artículos mencionados anteriormente, sino que priva de efecto útil el derecho a la residencia del cual la menor es titular.

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