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TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 5.ª, 642/2008, de 14 de julio

SP/SENT/177303

Recurso 1134/2006. Ponente: ALBERTO ANDRES PEREIRA.

El proceso de normalización de la LOEX exigía como presupuesto sine qua non el certificado de empradonamiento con fecha anterior a agosto del 2004, lo cual no fue aportado por el recurrente 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el procedimiento abreviado nº 360/2005, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona, se dictó sentencia en fecha 15 de junio de 2006 , desestimatoria del recurso dirigido contra la resolución de 7 de mayo de 2005 de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, por la que se inadmitió la solicitud de autorización inicial de trabajo y residencia, formulada al amparo de la disposición transitoria 3ª del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre .
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte actora, el cual fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la contraparte para que formalizase su oposición en el plazo legal.
TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Sala, se acordó formar el oportuno rollo de apelación, se designó Magistrado Ponente y, no habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta alzada ni la celebración de vista, se señaló fecha para la votación y fallo del recurso.
CUARTO.- En la sustanciación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia apelada ha desestimado el recurso formulado por la parte actora contra la resolución administrativa que inadmitió la solicitud de autorización inicial de residencia y trabajo del interesado, que éste había solicitado, al amparo del proceso de normalización regulado en la disposición transitoria 3ª del Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre .
Ya a priori debe señalarse que el actor, hoy apelante, no aporta certificado de empadronamiento de fecha anterior al 8 de agosto de 2004, que es la fecha a que se refiere la disposición transitoria 3ª del Real Decreto 2393/2004 , antes citado, ya que del acompañado por dicha parte resulta que el alta se formalizó el 22 de octubre de 2004.
SEGUNDO.- Tal como pone de manifiesto la STC 24/2000, de 21 de enero , "los extranjeros solo gozan del derecho a residir en España en virtud de autorización concedida por autoridad competente, de conformidad con los Tratados internacionales y la ley (arts. 13 y 19 CE, SSTC 99/85 y 94/93; y Declaración de 1 de junio de 1992 , relativa al Tratado de la Unión Europea). Por tanto, es lícito que la Ley de Extranjería subordine el derecho de los extranjeros a residir en España al cumplimiento de determinadas condiciones...Conclusión que se ve corroborada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, sin dejar de recordar que los Estados europeos deben respetar los derechos humanos plasmados en el Convenio de Roma, no ha dejado de
subrayar la amplia potestad de que disponen los poderes públicos para controlar la entrada, la residencia y la expulsión de los extranjeros en su territorio (con cita de diversas SSTEDH), como este Tribunal ha tenido ocasión de recordar en STC 242/94 y ATC 331/97 " (FD4º).Partiendo de ese marco de referencia, la Administración General del Estado, mediante la disposición transitoria 3ª contenida en el Real Decreto 2

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