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TSJ Castilla y León, Burgos, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 369/2008, de 11 de julio

SP/SENT/177327

Recurso 52/2008. Ponente: JOSE MATIAS ALONSO MILLAN.

No procede la medida cautelar de suspensión de la expulsión del territorio del recurrente por cuanto no acredita ni arraigo familiar ni económico ni laboral 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO- Que por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 1 de Soria en pieza separada de medidas cautelares de Procedimiento Abreviado número 19/08, se dictó auto cuya parte dispositiva dice: "No ha lugar a la suspensión cautelar interesada por la representación procesal del recurrente respecto a la resolución de la expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno en Soria de fecha 11 de enero del 2008".
SEGUNDO- Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos y remitidos los autos a esta Sala, se señaló para votación y fallo el día 10 de julio de 2008 .
TERCERO- En la tramitación del presente recurso de apelación se han observado las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Por la parte recurrente se apeló la sentencia porque entiende que es contraria al ordenamiento jurídico en base a las siguientes alegaciones:
1.-Se desprende con toda claridad la necesidad de acordar la suspensión, ya que de no acordarse pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso. Si la resolución administrativa fuese ejecutada, el recurso perdería su finalidad al encontrarse ya el extranjero fuera del territorio y causársele además perjuicios irreparables. El riesgo que supone no suspender la resolución impugnada es ya no sólo evidente, sino de materialización inminente, toda vez que se ha solicitado por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional la autorización judicial para proceder a la expulsión el próximo día 20 de febrero. La eventual causación de perjuicios irreparables al interés general, tampoco concurre porque no existe motivo alguno que haga presagiar que el recurrente va a incurrir en figura delictiva alguna, ni que la suspensión de ejecución implique la desatención por el Estado de principios superiores, siendo además que se dejaría a una persona privada de su familia, esposa de hija, y sin medios económicos para subsistir en su país.
2.-también concurre el requisito de "fumus bonis iuris, habida cuenta de que se resuelve un expediente con sanción de expulsión en lugar de multa, y que se le ha reconocido que cuenta con los requisitos para la reagrupación familiar. La resolución impugnada impone la sa
nción de expulsión al amparo de una motivación genérica, estereotipada, insuficiente y con infracción de la Ley Orgánica 4/2000 y su Reglamento. En ningún momento se ha pronunciado la resolución por el motivo de imponer la sanción de expulsión en lugar de multa. Debe recalcarse la condición de principal que tiene en la Ley la sanción de multa, frente a la cual la expulsión es un sustitutivo cuya aplicación debe estar fundada en una racionalidad e

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