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TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 1.ª, 1001/2007, de 31 de octubre

SP/SENT/182382

Recurso 250/2007. Ponente: FERNANDO SEOANE PESQUEIRA.

Declaración de expulsión de un Extranjero acorde a derecho; aunque aporta elementos documentales, no se acredita vinculación estable y raigambre con familiares o con intereses económicos 
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El Tratado intenacional de Schengen, exige el cumplimiento de la legalidad existente en otro país, por eso también incumpliría razones internacionales 
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se dictó, por el Juzgado de instancia, la resolución referenciada anteriormente, cuya parte dispositiva dice: "Se deniega la suspensión de la ejecución del acto recurrido a que se ha hecho mención en el antecedente fáctico primero de la presente resolución, interesada por el abogado D. Damián Gómez González, en representación de D. Juan Carlos . Sin expresa condena en costas".
SEGUNDO.- Notificada la misma, se interpuso recurso de apelación que fue tramitado en forma, con el resultado que obra en el procedimiento, habiéndose acordado dar traslado de las actuaciones al ponente para resolver por el turno que corresponda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
SE ACEPTAN los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, y
PRIMERO.- Se alza el ciudadano brasileño don Juan Carlos frente al auto, dictado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Lugo, denegatorio de la suspensión de la ejecución de la resolución de 30 de agosto de 2006 de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña por el que se declaró la no caducidad del procedimiento sancionador de expulsión del territorio nacional, iniciado el 15 de febrero de 2006, por estancia irregular en España, supuesto contemplado en el artículo 53.a de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre , y Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre , argumentando que se ha producido error en la valoración y apreciación de la prueba por inaplicación del artículo 62.1.a y 62.1.e de la Ley 30/1992 , de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento administrativo común, porque cuando es detenido facilita su domicilio en Lugo y dos números de teléfonos móviles a fin de ser localizado, que debieron ser utilizados a fin de hacerle saber que tenía pendiente de notificación la propuesta de resolución y el acuerdo de expulsión antes de acudir a los edictos, añadiendo que no comprende que no se recogiera el número de gobierno y piso de la calle Poeta Nogueira Varela de Lugo que proporcionó, y que solicitó abogado de oficio para su defensa ant
e el Colegio de Abogados de Lugo, por cuya vía pudo enterarse la Administración del domicilio del recurrente.SEGUNDO.- En el escrito de recurso de apelación el apelante invoca los motivos por los que, a su entender, debiera anularse la resolución impugnada, lo que atañe al fondo del asunto, en lugar de fundamentar las razones por las que la ejecución de dicha resolución frustraría la finalidad legítima del recurso

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