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TC, Pleno, 95/2003, de 22 de mayo

SP/SENT/45141

Recurso 1555/1996. Ponente: Guillermo Jiménez Sánchez.

El derecho a la gratuidad de la justicia debe delimitarse por el legislador ordinario 
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Gratuidad de la justicia y derecho a la tutela judicial efectiva 
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Asistencia jurídica gratuíta a los que residan ilegalmente en el país 
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ANTECEDENTES DE HECHO
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 12 de abril de 1996 el Defensor del Pueblo formalizó recurso de inconstitucionalidad contra el inciso "que residan legalmente en España" del apartado a) del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (en adelante LAJG), al entender que vulnera los arts. 24 CE, por no respetar el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y 53.1 CE, por igual motivo.
La demanda, recogiendo la doctrina constitucional sentada en las SSTC 107/1984, de 23 de noviembre, y 99/1985, de 30 de septiembre, razona que los extranjeros son titulares del derecho a la tutela judicial efectiva, dentro del cual se comprende el derecho a ser asistido de Abogado, y si no se dispone de medios suficientes, a que se designe uno de oficio. Es más, este derecho alcanza también a aquellos supuestos en los que no sea preceptiva la intervención de Letrado si la intervención de éste resulta necesaria para garantizar una defensa real de los intereses en juego, para lo que habrá de valorarse en cada caso concreto la mayor o menor complejidad del debate procesal y la cultura y conocimientos jurídicos del solicitante. Alude también a la obligación que pesa sobre los órganos jurisdiccionales de lograr una asistencia letrada efectiva, sin que el derecho al cual se refiere quede satisfecho con el mero nombramiento de Abogado de oficio, pues el art. 6.1 c) del Convenio de Roma utiliza la
voz "asistencia", de contenido más amplio que el simple nombramiento.Seguidamente recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha efectuado una interpretación extensiva del derecho a la asistencia de Abogado, de suerte que no queda constreñido por la calificación como penal o administrativo que las legislaciones nacionales efectúen del asunto en que dicha asistencia resulte requerida. Lo determinante para

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