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DGRN/DGSJFP, de 24 de septiembre de 2004

SP/SENT/64389

El extranjero mayor de edad que adquiere la nacionalidad española y opta por su ley personal, no puede invertir sus apellidos conforme a la ley española 
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ANTECEDENTES DE HECHO
1. Por comparecencia en el Registro Civil de Granada el 4 de diciembre de 2003, don M. J. K., nacido en Gaza el 4 de agosto de 1967, casado, con DNI número ________ solicitaba la inversión de sus apellidos en su inscripción de nacimiento a tenor de lo preceptuado en el segundo inciso del artículo 109 del Cc. y del artículo 198 del Reglamento del Registro Civil. Adjuntaba los siguientes documentos: fotocopia del DNI, certificado de empadronamiento, certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil Central.
2. El Juez Encargado del Registro Civil Central dictó auto con fecha 11 de febrero de 2004 denegando la inversión de apellidos. Alegaba como razonamientos jurídicos que se solicita la inversión de apellidos de una persona que adquirió la nacionalidad española en el año 2003 cuando ya era mayor de edad, y en cuya inscripción se ha hecho constar, de acuerdo con su petición expresa, los apellidos con los que se identificaba conforme a su ley personal, no haciendo uso el interesado de la facultad que le concedía el artículo 199 del Reglamento del Registro Civil, por lo que no es de aplicación ahora el artículo 109 del Código civil.
3. Notificada la resolución al interesado, éste presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado alegando que en el momento de la inscripción de nacimiento como español al cumplimentar los oportunos impresos los rellenó con los apellidos invertidos y posteriormente siendo revi
sado por el funcionario correspondiente, de buena fe, le manifestó que en dicho impreso debía figurar el orden de apellidos conforme aparecía en el expediente de nacionalidad y que posteriormente podría solicitar dicha alteración una vez obtenido el DNI.4. De la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal desestimando el mismo por entender ajustada a derecho la Resolución de fecha 11 de febrero de

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